Decreto 9/2017, de 31 de enero, por el que se modifica el Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de EI, EP, EE, ESO y bachillerato

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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 84 atribuye a las Administraciones educativas la competencia para regular la admisión del alumnado en centros públicos y privados concertados que impartan enseñanzas reguladas en la citada Ley.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 21.3 proclama el derecho de todas las personas a acceder en condiciones de igualdad a los centros educativos sostenidos con fondos públicos y prevé el establecimiento de criterios de admisión, al objeto de garantizarla en condiciones de igualdad y no discriminación. Asimismo, el artículo 47.1.1.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece como competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma el procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de la Comunidad Autónoma,
respetando, en todo caso, lo dispuesto en el artículo 149.1.18.º de la Constitución, que faculta al Estado para fijar las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas.
Dentro del marco fijado por la Constitución Española y en el ámbito de sus competencias, la Comunidad Autónoma de Andalucía ha regulado el desarrollo del proceso de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados mediante el Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.
Las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, determinan novedades en las competencias de los Consejos Escolares y de la Dirección de los centros docentes en materia de admisión y matriculación del alumnado.
Por otra parte, la misma Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, establece nuevos criterios de prioridad en el procedimiento de admisión del alumnado, en el área de escolarización que corresponda al domicilio o al lugar de trabajo de alguno de sus padres, madres o tutores legales, de aquel alumnado cuya escolarización en centros públicos y privados concertados venga motivada por el traslado de la unidad familiar, debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, o a un cambio de residencia derivado de actos de violencia de género. Asimismo, dicha Ley Orgánica amplía los supuestos en los que se podrá autorizar un incremento del número máximo de alumnos y alumnas por unidad escolar por necesidades que vengan motivadas por dicho traslado de la unidad familiar en periodo de escolarización extraordinaria.
A su vez, la regulación de la materia de escolarización en la citada Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, ha sufrido modificaciones, como consecuencia de la aplicación de lo previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, por la que se modifica el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Por último, tras la experiencia acumulada en estos años se hace necesario modificar el Decreto 40/2011, de 22 de febrero, para la consecución de una mayor eficacia en los procedimientos de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato, que contribuyan a una mejora en dichos procedimientos.
En su virtud, conforme a los artículos 21.3 y 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, a propuesta de la Consejera de Educación, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 31 de enero de 2017, se dispone esta norma.

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Instrucciones de 12-01-2016, de la DGPE, por las que se regula el funcionamiento del Programa de profundización de conocimientos “Andalucía Profundiza” para el curso 2015-16

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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 , de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa establece en su artículo 1, como uno de los principios de la educación, la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. Así como, el artículo 2 dedicado a los fines de la educación, incluye el desarrollo de la capacidad del alumnado para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor.
Por su parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía recoge, entre sus objetivos, el de estimular y valorar la innovación educativa como medio de participación en la mejora de la enseñanza.
En consonancia con lo anterior, se puso en funcionamiento el programa de Profundización de Conocimientos “Profundiza” que, desde el curso 2012-2013 pasó a denominarse “Andalucía Profundiza”.
Para regular su funcionamiento y establecer directrices generales sobre su implantación en los centros educativos durante el curso 2015-2016, se dictan estas instrucciones.

Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura

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El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en redacción dada por ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, en su artículo 10.1.4 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades.
De acuerdo con este precepto, en el ámbito educativo en general y, en concreto, en materia de atención a la diversidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura asume la realidad de que todos los alumnos tienen necesidades educativas, sean estas específicas o no, especiales o no. Por ello, hace suyo el principio de que la atención a la diversidad del alumnado supone al mismo tiempo un reto y una necesidad que comprende al conjunto del alumnado de cualquier etapa educativa, lo que conlleva por parte de la Administración educativa el compromiso de proporcionar respuestas diferenciadas y adaptadas a las características y necesidades de cada alumno.
La Comunidad Autónoma de Extremadura es conocedora de que los sistemas educativos con mejores resultados son aquellos que tienen altas expectativas de todos sus alumnos; apuestan por una educación inclusiva, asegurando que ningún alumno quede excluido del sistema educativo por ningún motivo; se esfuerzan por desarrollar en todos los alumnos su potencial personal, el sentido de la dignidad y la autoestima y refuerzan el respeto por la diversidad humana. Es por eso que el presente decreto contempla la diversidad como un principio y no estrictamente como un conjunto de medidas tendentes a cubrir las necesidades de algunos alumnos.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, pone de manifiesto en su preámbulo que la educación constituye un instrumento de mejora de la condición humana y de la vida colectiva. Entre los principios en los que se inspira el sistema educativo son particularmente relevantes la calidad de la educación para todo el alumnado, la equidad que garantice la igualdad de derechos y de oportunidades, la no discriminación y la inclusión educativa, la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado y la orientación educativa y profesional de los estudiantes para el logro de una formación personalizada que propicie una educación integral para todos.
De modo similar, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa(en adelante, LOMCE), señala en su preámbulo que “el alumnado es el centro y la razón de ser de la educación”. Añade que “todos los alumnos y alumnas tienen un sueño” y “todas las personas jóvenes tienen talento” y subraya que “nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país”. De acuerdo con estos principios, establece que “todos y cada uno de los alumnos y alumnas serán objeto de atención”.
Abundando en ello, la LOMCE pone su acento en el reconocimiento de la diversidad entre los alumnos, en sus habilidades y expectativas. Resalta que la educación contribuye al ámbito social facilitando el desarrollo personal y la integración social, así como destaca los profundos cambios a los que se enfrenta la sociedad actual que requieren una continua y reflexiva adecuación del sistema educativo a las distintas demandas de aprendizaje.
A nivel autonómico, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, en su artículo 2 contempla que el modelo educativo extremeño se fundamenta, entre sus principios, en la calidad de la educación, conjugando la excelencia y la equidad educativas como principios inseparables, en el respeto y reconocimiento de la diversidad en el marco de una escuela inclusiva, en la atención individualizada a los alumnos, así como en la igualdad de oportunidades.
La Ley de Educación de Extremadura establece que la atención a la diversidad del alumnado se organizará conforme a los principios de prevención, inclusión, normalización, superación de desigualdades, globalidad, coordinación y corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa. Además resalta la necesaria apertura de los centros a su entorno e incide en el uso de las redes de recursos sociales de la comunidad.
En concordancia con lo anterior la Ley de Educación de Extremadura, pone de relieve que los centros educativos, en virtud de su autonomía pedagógica y de acuerdo con el principio de inclusión, podrán establecer programas, estrategias y actuaciones de tipo organizativo, de coordinación y curricular en el proceso de planificación o en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y hace hincapié en la importancia de la participación de las familias en las decisiones relativas al proceso educativo de sus hijos, especialmente en las que se refieren a la adopción de medidas específicas de escolarización, bien sean extraordinarias o excepcionales.
Dichos principios suponen una fuente de inspiración en el trabajo que desarrollan los profesionales del ámbito educativo de la Comunidad de Extremadura para conseguir el éxito del alumnado de manera que todos alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades individuales, intelectuales, emocionales, y sociales, facilitando que todos y cada uno reciban una educación adaptada a sus necesidades y prestando los apoyos necesarios, tanto a los alumnos que lo requieran como a los centros en los que estén escolarizados. Todo ello, desde la convicción de que la educación es el fermento principal en la construcción de la personalidad del alumnado, en el fomento de la convivencia y en el respeto a las diferencias individuales y los valores de solidaridad.
Igualmente, la Comunidad Autónoma de Extremadura asume que uno de los mejores indicadores del grado de desarrollo alcanzado por una sociedad es la capacidad para integrar a personas de diferentes condiciones, ofreciéndoles oportunidades para realizar con éxito y en términos de igualdad un proyecto de vida digno y completo.
Por ello, el decreto que regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado de Extremadura recoge las indicaciones establecidas en la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 y toma en consideración el texto suscrito en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptado por las Naciones Unidas en 2006, de aplicación en España desde 2008 así como el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, según el cual, el paradigma educativo para conseguir una educación de calidad, más justa y equitativa, es el de la inclusión educativa.
La Consejería con competencias en materia de educación pretende con este decreto poner de relieve su contribución al objetivo general de desarrollar las capacidades de a las personas que presenten algún tipo de discapacidad para que puedan disfrutar de todos sus derechos, en particular, en sus ámbitos de actuación: la educación y la formación.
Finalmente, el presente marco normativo tiene como razón de ser y objetivo principal que todos los alumnos alcancen las competencias y los objetivos establecidos con carácter general para cada una de las enseñanzas y etapas educativas, contribuyendo a reducir el abandono y el fracaso escolar de acuerdo con la Estrategia de la Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador que ha establecido para el año 2020 el objetivo educativo de que la tasa de abandono escolar se reduzca significativamente.
Desde estos planteamientos es necesario que en los centros educativos de de Extremadura se desarrollen procesos de enseñanza-aprendizaje que garanticen una respuesta de calidad para todo el alumnado escolarizado en ellos. Esta realidad va a requerir actuaciones educativas complejas, tanto a nivel de centro como de aula, una adecuación de las actuaciones profesionales y la asunción de una responsabilidad compartida por parte de todos los agentes de la comunidad educativa que la Administración adquiere el compromiso de abanderar. Toma para ello como premisa el hecho constatado de que la inclusión es un proceso de intervención educativa que nunca se da por finalizado y que, en el marco de este proceso, los centros educativos son el motor del cambio, el espacio donde se producen las verdaderas transformaciones y el escenario donde hay que buscar medios para incluir a todo el alumnado sin exclusión alguna.
Procede, en suma, establecer un marco regulador en relación a la atención a la diversidad del alumnado con la finalidad de lograr el máximo desarrollo personal, social, profesional, intelectual y emocional de cada alumno, así como su potencial de aprendizaje, facilitándole la adquisición de las competencias y la consecución de los objetivos generales de cada etapa y facilitando su permanencia en el sistema educativo. Se trata, en última instancia, de responder a la diversidad del alumnado entendiendo que así se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la calidad y equidad educativas, y se contribuye a una mayor cohesión social, principios que avalan la publicación de este decreto que regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado de Extremadura.
De conformidad con lo expuesto, previo informe del Consejo Escolar de Extremadura, de acuerdo con el Consejo Consultivo, a propuesta de la Consejera de Educación y Cultura, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión de 14 de octubre de 2014, se dispone la presente norma.