Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la FP del sistema educativo

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La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional(en adelante, FP), ordena un sistema integral de FP, cualificaciones y acreditación que pueda responder con eficacia y transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas modalidades formativas. Con este fin se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones y FP, en cuyo marco deben orientarse las acciones formativas programadas y desarrolladas en coordinación con las políticas activas de empleo y de fomento de la libre circulación de los trabajadores.
En este sentido, el artículo 9 de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, configura una FP comprensiva de un conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño de las distintas profesiones e incluye «las enseñanzas propias de la FP inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las orientadas a la formación continua en las empresas», que permitan la adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales. Esta misma definición ha sido reproducida por el artículo 39 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
Por ello, las diferentes acciones formativas de FP se integran en el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional, uno de cuyos fines esenciales es promover una oferta formativa de calidad, actualizada y adecuada a quienes se destina, de acuerdo con las necesidades de cualificación del mercado laboral y las expectativas personales de promoción profesional.
La FP reglada o inicial forma parte del sistema educativo y, en consecuencia, se regula en el capítulo V del título I de la LOE. Esta FP tiene por finalidad preparar a los alumnos para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.
La FP del sistema educativo comprende un conjunto de ciclos formativos con una organización modular, de duración variable y contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. Estos ciclos formativos serán de grado medio y de grado superior y estarán referidos al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
La LOE dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de FP, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas (artículo 39.6). En desarrollo de esta previsión, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, estableció la ordenación general de la FP del sistema educativo.
Actualmente, la FP constituye una prioridad de la política educativa, de la política económica de la Unión Europea y del Gobierno de España. Por un lado, los objetivos fijados por la Unión Europea para el año 2020 recogen la necesidad de incrementar el nivel de formación y cualificación tanto de los jóvenes en edad escolar como de la población trabajadora, para lo que es necesario reforzar, modernizar y flexibilizar las enseñanzas de FP. En el ámbito nacional, el Gobierno concibe la FP como instrumento clave para avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento económico, y así lo ha manifestado en la Estrategia para una economía sostenible, aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2009. Consecuentemente, el Ministerio de Educación ha convertido la FP en uno de los ejes esenciales de su actuación, desarrollada y ordenada en el Plan de Acción 2010-2011.
En este contexto, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de las Cualificaciones y de la FP, 2/2006, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, han introducido un ambicioso conjunto de cambios legislativos necesarios para incentivar y acelerar el desarrollo de una economía más competitiva, más innovadora, capaz de renovar los sectores productivos tradicionales y abrirse camino hacia las nuevas actividades demandantes de empleo, estables y de calidad.
De forma más específica, estas leyes han introducido modificaciones significativas en el marco legal de las enseñanzas de FP con el fin de facilitar la adecuación de la oferta formativa a las demandas de los sectores productivos, ampliar la oferta de FP, avanzar en la integración de la FP en el conjunto del sistema educativo y reforzar la cooperación entre las Administraciones educativas, así como con los agentes sociales y las empresas privadas.
Este nuevo marco normativo hace necesaria una nueva regulación de la ordenación de la FP del sistema educativo. Se trata de un reforma de largo alcance, que introduce novedades muy importantes, entre las que destacan: la integración en la ordenación de la FP de los módulos profesionales de los Programas de Cualificación Profesional Inicial; los cursos de especialización de los ciclos formativos; la ampliación de las posibilidades de acceder a los diferentes niveles de FP (esencialmente a los ciclos de grado medio y superior), a través de una nueva regulación del acceso y las convalidaciones y exenciones; o la flexibilización de la oferta formativa para garantizar una mejora adaptación a las demandas de entorno socioeconómico.
Además, se recogen en esta norma otras disposiciones en materia de FP, como son la FP a distancia, la información y orientación profesional, la red de centros de FP o la colaboración con el sistema universitario.
En el proceso de elaboración de este real decreto han sido consultadas las Comunidades Autónomas y han emitido informe el Consejo General de la FP, el Consejo Escolar del Estado y el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de julio de 2011, se dispone la presente norma.

Orden de 24/06/2008, por la que se regulan los programas de cualificación profesional inicial

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El Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria(en adelante, ESO) en Andalucía, establece en su artículo 22 que la Consejería competente en materia de educación organizará y, en su caso, autorizará Programas de Cualificación Profesional Inicial(en adelante PCPI) con el fin de favorecer la inserción social, educativa y laboral de los jóvenes mayores de dieciséis años, cumplidos antes del 31 de diciembre del año de inicio del programa, que no hayan obtenido el título de Graduado en ESO.
Estos programas deberán responder a un perfil profesional expresado a través de la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, y la relación de cualificaciones profesionales y, en su caso, unidades de competencia de nivel uno del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el programa. Los PCPI constarán de tres tipos de módulos: módulos específicos, que desarrollarán las competencias del perfil profesional, módulos formativos de carácter general que posibiliten el desarrollo de las competencias básicas y favorezcan la transición desde el sistema educativo al mundo laboral y módulos que conduzcan a la obtención del título de Graduado en ESO, que tendrán carácter voluntario para el alumnado, excepto para aquellos que excepcionalmente y cumpliendo determinadas condiciones se hayan incorporado al programa con quince años.
La certificación académica expedida por la Administración educativa a aquellas personas que superen los módulos obligatorios de un programa de cualificación profesional, dará derecho, a quienes lo soliciten, a la expedición del certificado de profesionalidad correspondiente por parte de la Administración laboral. Por otra parte, la superación de los citados módulos supondrá también la exención de una parte de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio, facilitando de este modo al alumnado la continuidad en estudios conducentes a titulaciones del sistema educativo. Se ofrecen, por tanto, a estos jóvenes diversas vías de inserción laboral y educativa que son, en definitiva, la finalidad primordial de los programas.
El Decreto 231/2007, de 31 de julio, desarrolla, asimismo, los preceptos necesarios que sientan las bases para la organización y autorización de estos programas. A tales efectos, la oferta de PCPI en Andalucía estará encaminada a satisfacer las necesidades personales, sociales y educativas del alumnado, adaptándose a las características de éste. Para ello, los centros docentes e instituciones que impartan estos programas contarán con la autonomía suficiente para ajustar sus contenidos y organización a las necesidades del alumnado que curse el programa, a través de las adaptaciones curriculares que procedan. Asimismo, se establecerá una oferta de programas específicos para el alumnado con necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial que, teniendo un nivel de autonomía personal y social que les permita acceder a un puesto de trabajo, no puedan integrarse en un programa ordinario.
Los PCPI se establecen como una medida de atención a la diversidad que contribuirá a evitar el abandono escolar previo a la finalización de la ESO, y que abrirá nuevas expectativas de formación y dará acceso a una vida laboral cualificada a aquellos jóvenes desescolarizados que se encuentran en situación de desventaja sociolaboral y educativa, manteniendo abierta, al mismo tiempo, la posibilidad de obtención de la titulación básica para todos ellos.
Por todo lo anterior, se hace necesario que esta Consejería regule los PCPl en los centros educativos y en otras entidades o instituciones.
En su virtud y de conformidad con lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la disposición final tercera del Decreto 231/2007, de 31 de julio se dispone la presente norma.

Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo

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La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta, ostenta en materia de educación, la competencia compartida para el establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 del texto constitucional, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
El artículo 39 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece los principios generales de la Formación Profesional (en adelante, FP) del sistema educativo, disponiendo, en su apartado 6, que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de FP, así como los aspectos básicos de currículo de cada una de ellas. En desarrollo de este precepto, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la FP del sistema educativo, fija la finalidad y la estructura de los títulos de FP, definiendo los elementos que deben especificar las normas que el Gobierno dicte para regular dichos títulos y establecer sus contenidos mínimos. Asimismo, regula la oferta, el acceso, la admisión y la matrícula, con el fin de que las enseñanzas conducentes a los títulos de Técnico y Técnico Superior permitan la configuración de vías formativas adaptadas a las necesidades e intereses personales y el tránsito de la formación al trabajo y viceversa.
Por otro lado, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la FP, establece los principios y fines del Sistema Nacional de Cualificaciones y FP y, en su artículo 9, define la FP como el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y Económica. Asimismo, en su artículo 10.1 dispone que las ofertas de FP referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales son los títulos y los certificados de profesionalidad.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, constituye el nuevo marco normativo autonómico en el que se insertan todas las enseñanzas del sistema educativo de Andalucía, y entre ellas, la FP, a la que dedica el capítulo V del título II. En ella se sientan las normas fundamentales que han de regir el desarrollo de estas enseñanzas en la Comunidad Autónoma, estableciendo en su artículo 68.4 que la Consejería competente en materia de educación promoverá las medidas oportunas para adecuar la oferta pública de FP a las necesidades del tejido productivo andaluz. Además, en su artículo 72.2 dispone que la FP se organizará de forma flexible, ofreciendo un catálogo modular asociado a las competencias profesionales incluidas en el Sistema Andaluz de Cualificaciones Profesionales.
Por todo lo anteriormente expuesto, se hace necesaria una ordenación de la FP del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía que permita poner en marcha las nuevas titulaciones, adaptándolas a las peculiaridades de nuestro sistema productivo y flexibilizando las vías para cursar estos estudios, de manera que se haga posible el aprendizaje a lo largo de la vida. Esta flexibilidad debe aplicarse tanto en la organización de las enseñanzas, adaptando el funcionamiento de los centros docentes a las necesidades de la población, como en los desarrollos curriculares, posibilitando una rápida adaptación de éstos a los cambios tecnológicos y a los modos de producción.
El presente Decreto regula la organización de las enseñanzas de FP inicial que forman parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece modalidades en la oferta de las mismas y determina las características fundamentales que habrá de tener el currículo de las enseñanzas correspondientes a cada uno de los títulos de FP, remitiendo la regulación específica de los mismos a una norma posterior que permita una mayor agilidad en la adaptación de cada título a las necesidades de la población y del sistema productivo. Además, establece las medidas para garantizar la calidad de estas enseñanzas y determina las condiciones del acceso, la evaluación y la formación en centros de trabajo, así como los aspectos específicos de la oferta de estos estudios para personas adultas.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación en el ejercicio de las competencias que atribuye el artículo 21.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 2 de septiembre de 2008, se dispone la siguiente norma.