Instrucción 12/2019, de la DGOEE, que establece aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten EP, curso 2019-20

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El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico  de la Educación Primaria, regula los límites para el marco de programación de las enseñanzas que establezca cada Administración educativa.
Como desarrollo del citado Real Decreto, se publicó el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía; el mismo lleva cuatro cursos en vigor y, por tanto, es momento de realizar algunas apreciaciones sobre aspectos curriculares y organizativos que están dando lugar a diferentes formas de interpretación en los centros docentes. El artículo 9.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, establece que los centros docentes en el ejercicio de su autonomía pedagógica y organizativa podrán llevar a cabo modelos de funcionamiento propios. A tales efectos, desarrollarán y concretarán en su proyecto educativo el currículo y, lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa.
La Orden de 17 de marzo de 2015 desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. Desde su entrada en vigor, quedan establecidas en Andalucía las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria como desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 97/2015, de 3 de marzo. Mediante dichas normas, se ajusta la normativa andaluza a las modificaciones incorporadas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa, Ley que viene a cambiar significativamente la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, lo que hizo necesario, por tanto, el desarrollo de un nuevo marco normativo autonómico con objeto de ajustar la Educación Primaria a lo dispuesto por la nueva Ley Orgánica y su normativa de desarrollo.
Sobre la referida Orden de 17 de marzo de 2015, fue interpuesto el recurso contencioso-administrativo 366/2015. Como consecuencia del mismo, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó la sentencia de 25 de mayo de 2018 por la que se anulaba dicha Orden. Habiendo sido inadmitido el recurso de casación interpuesto por esta Consejería, y con objeto de permitir el desarrollo del próximo curso escolar con normalidad y garantía para la Comunidad Educativa se dicta la presente Instrucción.
Ante esta situación, se hace necesario disponer de un nuevo marco que regule en Andalucía la etapa de Educación Primaria en aspectos curriculares y organizativos como los siguientes: distribución horaria de las sesiones lectivas establecidas para cada área dentro de la jornada escolar, asignación del horario lectivo a las distintas áreas de la etapa, determinación de posibles áreas pertenecientes al bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, participación de las familias y medidas para facilitar el tránsito entre etapas.
Asimismo, desde una responsable actuación de la Administración educativa, se abordan recomendaciones relativas al uso del registro y ventanilla electrónica.
Por otra parte, es necesario reseñar que el currículo de la etapa de Educación Primaria tiene un carácter global e integrador. Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, el currículo de esta etapa en Andalucía ordena, organiza y relaciona los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Este currículo concreta los conocimientos, las habilidades para aplicarlos en diferentes situaciones y las actitudes ante la vida para la adquisición de las competencias clave.
Todo ello mediante el desarrollo de aprendizajes significativos y motivadores, realizando actividades y tareas relevantes, así como resolviendo problemas complejos en contextos determinados. Asimismo, toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las competencias clave en el currículo educativo y en las prácticas docentes.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía y las orientaciones de la Unión Europea inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo personal, social y profesional. El aprendizaje basado en competencias incluye, además del «saber», el «saber hacer» y el «saber ser y estar». Se trata de formar una ciudadanía competente a través de una educación que tenga en cuenta las competencias clave que demanda la construcción de una sociedad igualitaria, plural, dinámica, emprendedora, democrática y solidaria.
El alumnado de hoy es el que en el futuro necesitará desarrollar capacidades de crear, innovar, imaginar, pensar, etc. El modelo organizativo para la distribución del horario lectivo establecido para la etapa de la Educación Primaria de esta Instrucción, desarrolla competencias tanto cognitivas como no cognitivas y habilidades esenciales que se complementan con las competencias clave, que se desarrollarán de manera transversal en todas las áreas de la etapa. Se destacan habilidades que pueden ser consideradas como softskills, esenciales en el desarrollo de los niños y las niñas, incluyendo en las áreas, capacidad de diálogo y habilidades comunicativas (debate, comunicación oral), capacidad resolutiva (habilidades de cálculo, resolución de problemas, razonamiento matemático), pensamiento crítico y analítico (capacidad de reflexión, aprender a pensar y elaborar nuestros propios juicios), inteligencia emocional (habilidades sociales, control de las emociones, integridad, tolerancia, optimismo, empatía…), capacidad de responsabilidad, iniciativa, perseverancia, hábitos de vida saludable y deporte, equilibrio físico, mental y espiritual (cuidado de nuestro cuerpo) etc.
En su virtud, esta Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, en uso de las competencias que le confiere el Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Deporte, procede dictar la siguiente Instrucción.

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Orden de 1-07-2016, por la que se establece el calendario de implantación de la Segunda Lengua Extranjera en la Educación Primaria en Andalucía

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El Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone en su artículo 10.3 que el alumnado de dicha etapa educativa debe cursar una Segunda Lengua Extranjera dentro de las áreas del bloque de asignaturas específicas en cada uno de los cursos de la etapa.
La disposición adicional segunda de dicho Decreto establece que la implantación de la Segunda Lengua Extranjera para todos los centros docentes que impartan la Educación Primaria se realizará de acuerdo con la ordenación del calendario de aplicación que a tales efectos realice la Consejería competente en materia de educación, con objeto de conseguir que dicha implantación se realice de forma equilibrada garantizando la igualdad de oportunidades, sin perjuicio de lo establecido para los centros que imparten enseñanzas bilingües.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Ordenación Educativa y de acuerdo con las facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, del 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la disposición final segunda del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se dispone la presente norma.

Orden de 4-11-2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía

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La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución Española, a tenor del cual, corresponde al Estado dictar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución Española, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
En el ejercicio de esta competencia, el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, dispone en el artículo 12.3 que por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado,  que será continua, criterial, global y formativa y tendrá en cuenta el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas y los diferentes elementos del currículo. El artículo 5.7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, dispone que los elementos del currículo de esta etapa educativa serán concretados por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
La Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, establece que las enseñanzas de esta etapa educativa se basan en el desarrollo de las competencias clave que conforman el currículo con un enfoque interdisciplinar que facilite la realización de actividades y tareas relevantes, así como la resolución de problemas complejos en contextos determinados mediante aprendizajes significativos, funcionales y motivadores, considerando como elementos transversales, el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.
En este contexto, los aprendizajes contemplados en las distintas áreas que conforman los bloques de asignaturas de la Educación Primaria en Andalucía se ordenan en torno a los objetivos de las mismas para la consecución de los objetivos de la etapa, expresados en términos de capacidades que se pretenden alcanzar y se configuran como el núcleo sobre el que se articulan todos los elementos del currículo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. En el mismo sentido, la Orden de 17  de marzo de 2015 establece los criterios de evaluación para cada área y ciclo. Estos criterios relacionan todos los elementos del currículo y se definen en Andalucía como el referente fundamental para la comprobación conjunta tanto del grado de adquisición de las competencias clave, como del logro de los objetivos de la etapa.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, ha introducido modificaciones en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las cuales afectan a la evaluación en la Educación Primaria. Así, ha quedado establecido que corresponde al Gobierno determinar, con carácter básico, los criterios de evaluación del logro de los objetivos de las áreas y de la etapa y los estándares de aprendizajes evaluables respecto a las asignaturas troncales y específicas, que serán el referente para la evaluación y la toma de decisiones respecto a la promoción. Además, se introducen en la etapa dos evaluaciones individualizadas para todo el alumnado: una en el tercer curso y otra en el sexto curso.El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, establece dichos criterios y estándares de aprendizaje evaluables, concreta algunos aspectos de las evaluaciones individualizadas citadas y desarrolla las características de los documentos oficiales de evaluación.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. En esta Orden se establece que las competencias clave deben estar estrechamente vinculadas a los objetivos para que la consecución de los mismos lleve implícito el desarrollo competencial del alumnado. Esto conlleva importantes cambios en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la organización y en la cultura escolar y, a la vez, propicia la colaboración entre el profesorado y la puesta en marcha de metodologías innovadoras. Así mismo, establece que la valoración del nivel competencial adquirido por el alumnado debe estar integrada con la evaluación de los contenidos de las distintas áreas.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (en adelante, LEA) y las orientaciones de la Unión Europea inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo personal, social y profesional.
Las competencias clave propician la movilización de destrezas prácticas y cognitivas, habilidades creativas y otros recursos psicosociales como actitudes, motivación y valores con objeto de lograr un mejor desarrollo de las habilidades de los individuos para resolver tareas mentales complejas, que van más allá de la reproducción básica del conocimiento acumulado. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales.
En este sentido, el citado Decreto 97/2015, de 3 de marzo, establece como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje, el desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las competencias clave en el currículo educativo y en las prácticas docentes. Así, el aprendizaje basado en competencias, se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral.
El currículo establecido en la Orden de 17 de marzo de 2015, está estructurado por áreas, pero todas ellas participan en el desarrollo de las distintas competencias clave. De acuerdo con este planteamiento, el aprendizaje se aborda desde todas las áreas de conocimiento conjuntamente y, a su vez, se vincula con el contexto del alumnado en su sentido más amplio, correspondiendo a los centros docentes su concreción hasta el contexto más cercano.
Las metodologías relacionadas con el desarrollo de las competencias son múltiples y variadas pero todas ellas comparten la necesidad de apartarse de la mera transmisión de conocimientos aislados. Estas metodologías integran los distintos elementos curriculares para hacer posible avanzar al mismo tiempo en el aprendizaje de las áreas y en la adquisición de las competencias. Por esto, la evaluación, como parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje, no puede limitarse a la mera comprobación de que los conocimientos han sido memorizados.
Los criterios de evaluación, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos, se convierten en el referente más completo para la valoración no sólo de los aprendizajes adquiridos en cada área sino también del nivel competencial alcanzado por el alumnado. Partir de los criterios de evaluación evidencia la necesidad de incorporar a la práctica docente actividades, tareas y problemas complejos, vinculados con los contenidos de cada área, pero insertados en contextos específicos, lo que facilitará el desarrollo de las capacidades del alumnado y el logro de los objetivos de la etapa.
Para determinar los niveles competenciales que el alumnado debe alcanzar a lo largo de la etapa, el currículo andaluz presenta una secuenciación por ciclos en la que se fijan los procesos y aprendizajes a desarrollar, mostrando una progresión en el desarrollo de las capacidades hasta la consecución de los objetivos de la etapa. Basándose en estos criterios se podrá precisar si el alumnado en cada ciclo se encuentra en un nivel de desarrollo competencial iniciado, medio o avanzado, que será el punto de partida para la toma de decisiones que corresponda adoptar.
Por todo ello, con la publicación de la normativa curricular andaluza citada y con lo establecido en la presente Orden, se da un paso decisivo en la incorporación de las competencias clave y los saberes necesarios para desenvolverse en la sociedad y se continúa el desarrollo de los objetivos establecidos en la LEA, al entender que evaluar implica conocer en qué grado se ha logrado desarrollar estos objetivos y en qué medida se ha contribuido a estimular al alumnado en el interés y en el compromiso con el estudio, en la asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal en relación con la actividad escolar, en las habilidades creativas y en la capacidad crítica ante la realidad que le rodea; y, en definitiva, a favorecer el éxito escolar del alumnado, en función de sus capacidades, sus intereses y sus expectativas.
Contemplada y comprendida desde este enfoque, la evaluación se convierte, en sí misma, en un proceso educativo que considera al alumnado como centro y protagonista de su propia evolución y que le facilita el despliegue de sus potencialidades personales y su concreción en las competencias necesarias para su desarrollo individual e integración social. Con este fin, el proceso de la evaluación debe realizarse mediante instrumentos y procedimientos que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal y el autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. En su recorrido, el alumnado puede identificar al maestro y a la maestra como tutor o tutora en el sentido originario del término, es decir, puede hallar una guía, un referente, y un acompañante de su propio crecimiento personal.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Ordenación Educativa, y de acuerdo con las facultades que le confieren el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la disposición final segunda del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se dispone la siguiente norma.

Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía

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El Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo correspondiente a la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía dispone en su artículo 5.7 que los elementos del currículo de esta etapa educativa serán concretados por orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Las enseñanzas de la Educación Primaria en Andalucía se basan en el desarrollo de las competencias claves que conforman el currículo con un enfoque interdisciplinar que facilite la realización de actividades y tareas relevantes, así como la resolución de problemas complejos en contextos determinados mediante aprendizajes significativos, funcionales y motivadores, considerando como elementos transversales, el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.
Los aprendizajes contenidos en las distintas áreas que conforman los bloques de asignaturas de la etapa de Educación Primaria en Andalucía se ordenan en torno a los objetivos de las mismas para la consecución de los objetivos de la etapa, expresados en términos de capacidades que se pretenden alcanzar. Estos son el núcleo sobre el que se articulan todos los elementos del currículo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Los centros docentes que imparten Educación Primaria en Andalucía disponen de autonomía pedagógica y organizativa para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento propios. De esta manera se reconoce la capacidad y la responsabilidad de los centros y del profesorado en el desarrollo curricular, constituyendo una de las dimensiones más notorias de la autonomía profesional. Por otro lado, y considerando las necesidades de flexibilidad y adaptabilidad de las estructuras educativas a las demandas que exige la sociedad del conocimiento, son necesarias fórmulas de organización del currículo que permitan llevar a cabo con facilidad las adaptaciones de la cultura escolar a dicha sociedad.
La Educación Primaria se organizará de acuerdo con los principios de educación común y atención a la diversidad del alumnado, de modo que permita a éste alcanzar los objetivos de la etapa. A tales efectos, se pondrá especial énfasis en el tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se detecten, en la acción tutorial y la orientación educativa del alumnado y en la relación con las familias para apoyar el proceso educativo del alumnado.
Procede, en consecuencia, desarrollar el currículo que conforma esta etapa educativa, fijar el horario lectivo semanal y establecer orientaciones para el desarrollo de la autonomía curricular de los centros docentes.
En su virtud, a propuesta de la Secretaria General de Educación y de acuerdo con las facultades que confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la disposición final segunda del Decreto 97/2015, de 3 de marzo se dispone la siguiente la siguiente norma.

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía

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La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para el establecimiento de los planes de estudio incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la norma fundamental, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, establece en su artículo 6 bis.2.c) que las Administraciones educativas podrán complementar los contenidos del bloque de asignaturas troncales, establecer los contenidos de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica, realizar recomendaciones de metodología didáctica para los centros docentes de su competencia, fijar el horario lectivo máximo correspondiente a los contenidos de las asignaturas del bloque de asignaturas troncales, fijar el horario correspondiente a los contenidos de las asignaturas de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica, establecer los estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, complementar los criterios de evaluación relativos a los bloques de asignaturas troncales y específicas y establecer los criterios de evaluación del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica.
El presente Decreto establece la ordenación y el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. A tales efectos, en el texto normativo que se presenta quedan integradas las normas de competencia autonómica con las de competencia estatal, a fin de proporcionar una visión conjunta sobre el régimen jurídico aplicable.
El currículo andaluz de Educación Primaria ha de tomar como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las competencias clave en el currículo educativo y en las prácticas docentes. La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía y las orientaciones de la Unión Europea inciden en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo personal, social y profesional. El aprendizaje basado en competencias incluye, además del «saber», el «saber hacer» y el «saber ser y estar». Se trata de formar una ciudadanía competente a través de una educación que tenga en cuenta las competencias clave que demanda la construcción de una sociedad igualitaria, plural, dinámica y emprendedora, democrática y solidaria.
Los indicadores de evaluación utilizados tanto, en los procesos de evaluación interna de los centros como en las evaluaciones externas que se desarrollen por la Administración educativa de Andalucía, han de considerarse factores de rendimiento junto a otros de proceso y, lo más importante, factores de equidad que aporten equilibrio al Sistema Educativo. La aplicación de las órdenes de la Administración educativa andaluza que establezcan los procesos de evaluación de todo el sistema educativo va a aportar datos específicos que se tendrán en cuenta para mejorar los procesos educativos y el rendimiento escolar. Los planes de mejora de los centros que se derivan de los datos de estas evaluaciones han de contemplar prioritariamente las acciones específicas que mejoren los índices de equidad que aparezcan en los resultados de la evaluación. En ningún caso, los resultados de las evaluaciones serán utilizados para establecer comparaciones o “ranking” de centros y alumnado.
La orientación y la acción tutorial contribuyen a la personalización e individualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje favoreciendo el desarrollo integral del alumnado para que, en función de sus necesidades, capacidades, posibilidades e intereses alcance los objetivos de la Educación Primaria, promoviendo metodologías adecuadas a cada situación y coordinando la acción educativa del profesorado que intervenga con cada grupo de alumnos y alumnas, así como facilitando el trabajo colaborativo y participativo de las familias y de cuantos sectores sociales e institucionales puedan estar implicados.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, conforme a los artículos 21.3 y 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 3 de marzo de 2015, se dispone la siguiente norma.

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria

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La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa(en adelante, LOMCE), ha modificado el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo estará integrado por: los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las competencias; los contenidos; la metodología didáctica; los estándares y resultados de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.
Según el nuevo artículo 6 bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, corresponde al Gobierno, entre otros, el diseño del currículo básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos, estándares y resultados de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación, que garantice el carácter oficial y la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se refiere esta Ley Orgánica.
Uno de los pilares centrales de la reforma educativa operada por la LOMCE, descansa sobre una nueva configuración del currículo de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. En el bloque de asignaturas troncales se garantizan los conocimientos y competencias que permitan adquirir una formación sólida y continuar con aprovechamiento las etapas posteriores en aquellas asignaturas que deben ser comunes a todo el alumnado, y que en todo caso deben ser evaluadas en las evaluaciones finales de etapa. El bloque de asignaturas específicas permite una mayor autonomía a la hora de fijar horarios y contenidos de las asignaturas, así como para conformar su oferta. El bloque de asignaturas de libre configuración autonómica supone el mayor nivel de autonomía, en el que las Administraciones educativas y en su caso los centros pueden ofrecer asignaturas de diseño propio, entre las que se encuentran las ampliaciones de las materias troncales o específicas.
Esta nueva configuración curricular supone un importante incremento en la autonomía de las Administraciones educativas y de los centros, que pueden decidir las opciones y vías en las que se especializan y fijar la oferta de asignaturas de los bloques de asignaturas específicas y de libre configuración autonómica, en el marco de la programación de las enseñanzas que establezca cada Administración educativa. El sistema es más flexible porque permite ajustar la oferta formativa y sus itinerarios a la demanda de las familias y a la proximidad de facultades o escuelas universitarias y otros centros docentes, y favorece la especialización de los centros en función de los itinerarios ofrecidos.
La nueva organización de la Educación Primaria se desarrolla en los artículos 16 a 21 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras su modificación realizada por la LOMCE. El currículo básico de las asignaturas correspondientes a la Educación Primaria se ha diseñado de acuerdo con lo indicado en dichos artículos, en un intento de simplificar su regulación, que se ha centrado en los elementos curriculares indispensables.
En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete competencias clave.
El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes.
La revisión curricular tiene muy en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas.
Para lograr este proceso de cambio curricular es preciso favorecer una visión interdisciplinar y, de manera especial, posibilitar una mayor autonomía a la función docente, de forma que permita satisfacer las exigencias de una mayor personalización de la educación, teniendo en cuenta el principio de especialización del profesorado.
El currículo básico de las diferentes áreas se ha organizado partiendo de los objetivos propios de la etapa y de las competencias que se van a desarrollar a lo largo de la educación básica, mediante el establecimiento de bloques de contenidos en las áreas troncales, y criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables en todas las áreas, que serán referentes en la planificación de la concreción curricular y en la programación docente.
El contenido de esta norma será completado con la integración de las competencias en el currículo que debe promover el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, según la disposición adicional trigésimo quinta de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, introducida por la Ley 8/2013, de 9 de diciembre, a través de la adecuada descripción de las relaciones entre las competencias y los contenidos y criterios de evaluación de las diferentes enseñanzas, con atención prioritaria al currículo de la enseñanza básica.
Este real decreto tiene el carácter de norma básica y se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de febrero de 2014, se dispone la presente norma.

Instrucciones de 21-05-2014 conjuntas de la SGE y de la SGFPEP de la CECD sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de EP y FPB y otras consideraciones generales para el curso 2014/15

https://docs.google.com/file/d/0B6e-roRyz00jY2ZXM1RQbDJhVVU/edit
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en adelante, LOMCE), entró en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE, afectando a numerosos aspectos del sistema educativo. Según el calendario de implantación establecido en la disposición final quinta de la Ley, las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, promoción y evaluaciones de los cursos primero, tercero y quinto de Educación Primaria y el primer curso de los Ciclos de Formación Profesional Básica(en adelante, FPB), se implantarán en el curso escolar 2014/15.
El currículo básico de la Educación Primaria queda establecido en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaría, publicado en el BOE de 1 de marzo. Los aspectos específicos de la FPB quedan regulados por el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se se regulan aspectos específicos de la FPB de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,de Educación (LOE), publicado en el BOE de 5 de marzo.
Aún no se ha desarrollado la disposición adicional trigésima quinta de la LOE sobre “Integración de las competencias en el currículo” en la que se establece que “El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte promovetá, en cooperación con las Comunidades Autónomas, la adecuada descripción de las relaciones entre las competencias y los contenidos y criterios de evaluación de las diferentes enseñanzas a partir de la entrada en vigor de la Ley 0rgánica”. Esta última norma, sin tener carácter básico para el conjunto del Estado español, sí se hace necesaria para que las Administraciones educativas puedan abordar la planificación de las enseñanzas de Educación Primaria, toda vez que la LOE promueve la cooperación entre las distintas Administraciones para su elaboración.
La Comunidad Autnoma de Andalucía tiene competencia en materia educativa para elaborar las normas que desarrollan los citados Reales Decretos y adecuar a la realidad educativa andaluza los diferentes elementos de los niveles educativos que se implantan. Además, tal y como ha sido previsto por la propia LOMCE, los Gobiernos autonómicos han de complementar el currículo estableciendo los contenidos del bloque de asignaturas troncales y configurando la oferta formativa y los contenidos de los bloques de asignaturas especificas y de libre configuración autonómica. De igual forma se hace necesario adecuar la redacción de determinadas normas autonómicas a la obligada implantación de las modificaciones impuestas por la LOMCE.
Debido al escaso margen de tiempo que ha quedado entre la publicación de la legislación estatal-que ha de ser previa a la elaboración y aprobación de la regulación autonómica-y el inicio del próximo curso escolar, resulta imposible que la normativa andaluza pueda estar aprobada y publicada a tiempo, de manera que se informe adecuadamente a las familias y a los centros, y que éstos últimos realicen las adaptaciones de sus Proyectos educativos y establezcan las medidas organizativas y funcionales necesarias, antes del comienzo del próximo curso 2014/15. Todas estas circunstancias pueden crear graves dificultades para el normal desarrollo del funcionamiento de los centros y de la propia Administración Educativa.
Como consecuencia de lo expresado, se genera una situación de transición que afecta a la ordenación de las enseñanzas, además de a otros elementos del sistema educativo hasta la aprobación y publicación de la normativa autonómica. Por ello resulta ineludible tomar decisiones que permitan iniciar el próximo curso escolar con normalidad y seguridad para la comunidad educativa.
Con objeto de facilitar esta transición, la Secretaria General de Educación y la Secretaría General de Formación Profesional y Educación Permanente, en uso de las competencias que les atribuye la normativa vigente, dictan las presentes instrucciones.

Decreto 81/2010, de 30 de marzo, de modificación del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el SIMIA

https://docs.google.com/file/d/0B6e-roRyz00jS2V0YzNNa25FZ00/edit
El Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía(en adelante, SIMIA) fue establecido mediante Decreto 3/2004, de 7 de enero. En este Sistema, gestionado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, se ordenan e integran a través de un soporte informático los datos relativos a los casos de maltrato detectados, una vez hayan sido verificados. Dicho Sistema tiene por objeto la protección de los menores a través del adecuado conocimiento epidemiológico de los casos en que éstos sean objeto de malos tratos, su seguimiento y la coordinación de actuaciones entre las Administraciones Públicas competentes en esta materia. La información contenida en la Hoja de Detección y Notificación, en la que sólo se muestran los datos de identificación del o de la menor, sin que aparezca ningún dato personal de las posibles personas maltratadoras, tiene como finalidad principal facilitar las tareas de seguimiento de un caso por parte de los servicios sociales competentes, con el fin de conocer la historia previa del menor y abordar del modo más eficaz la intervención sociofamiliar que garantice su bienestar.
Con objeto de garantizar el adecuado desarrollo del procedimiento previsto para la inscripción de los datos sobre maltrato en el Sistema de Información se considera oportuno modificar el artículo 8.3, del Decreto 3/2004, de 7 de enero, en lo concerniente a configurar el trámite de audiencia hasta ahora contemplado en el mismo como un trámite en el que las personas interesadas podrán aportar los testimonios o informaciones que estimen convenientes, sin que ello suponga ningún menoscabo de los derechos de las mismas, al garantizarse un trámite de audiencia justo antes de la propuesta de resolución sobre la inscripción, tal y como se menciona en el artículo 10 del precitado Decreto.
Por otra parte, y teniendo en consideración que los únicos datos personales que son susceptibles de inscripción en el SIMIA son los correspondientes a las personas menores, y no los de sus familiares o representantes, se estima la conveniencia de modificar el artículo 11 del Decreto, eliminando la referencia a estos últimos.
En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 30 de marzo de 2010, se dispone la siguiente norma.

Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información sobre maltrato infantil de Andalucía

Decreto 3-2004, de 7 de enero, que establece el SIMIA
La Constitución Española de 1978 proporciona una especial protección tanto a la infancia como a la familia, en el ámbito social, económico y jurídico. De acuerdo con la distribución de competencias establecida en su Título VIII, se crea en materia de protección a la infancia un marco jurídico en el que corresponden atribuciones distintas al Estado y a las Comunidades Autónomas.
La Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, establece el marco jurídico de actuación en materia de promoción y protección de los derechos de los menores, configurando, como principio rector en el ejercicio de tales competencias, la actuación coordinada de las Administraciones Públicas de Andalucía y la colaboración con el resto de las Administraciones Públicas del Estado español en aras a garantizar el adecuado ejercicio de los citados derechos.
El maltrato infantil es un problema de etiología multifactorial con repercusiones múltiples, por lo que resulta esencial desarrollar y potenciar una actuación coordinada que permita un tratamiento intersectorial, interdisciplinar e integral respecto a la atención al menor, en esta materia. Para ello, con fecha 20 de noviembre de 2002, se estableció un Procedimiento de Coordinación entre las Consejerías de Gobernación, de Justicia y Administración Pública, de Salud, de Educación y Ciencia, y de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para la atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía, en el que, al margen de establecerse las bases de coordinación y las pautas de actuación, se comprometen a colaborar en la implantación de un instrumento de recogida de información sobre los casos de maltrato infantil, que aporte una visión global y permita un adecuado conocimiento sobre la realidad social existente de maltrato a menores, el seguimiento de éstos y la coordinación de actuaciones entre las Administraciones Públicas competentes en materia de protección de menores, a través del establecimiento de protocolos de denuncia, notificación y seguimiento homogéneos.
Es precisamente el ejercicio de una actuación coordinada en la protección a los menores la razón de ser del Sistema de información sobre maltrato infantil de Andalucía, en cuya regulación se aborda, de una parte, su forma de organización, en la que adquiere especial protagonismo la Hoja de Detección y Notificación de Maltrato Infantil, en segundo término, el procedimiento de obtención de la información y, finalmente, las condiciones de acceso a los datos inscritos en el mismo.
En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 26.5 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, a propuesta del Consejero de Asuntos Sociales y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 7 de enero de 2004, se dispone la presente norma.

Orden de 12/12/2012, por la que se modifica la de 10/08/2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la educación Primaria en Andalucía

Orden12dic2012ModificaCurriculoPrimaria.pdf
El R.D.1190/2012, de 3 de agosto, por el que se modifican el R.D. 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria(en adelante, EP), y el R.D.1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, ha establecido en su artículo primero una nueva regulación del área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos correspondiente a la EP.
Por su parte, el Anexo I de la Orden de 10/08/2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la EP en Andalucía, estableció las enseñanzas propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la EP. Ello supuso la opción específica que la misma ejerció, en el ámbito de sus competencias, con objeto de reflejar en el currículo aquellos aspectos cuya inclusión se consideró necesaria para la formación del alumnado y para alcanzar los objetivos propios del currículo de Andalucía recogidos en el artículo 4 del decreto 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la EP en Andalucía. En relación con el área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, la citada Orden indicaba que se debía incluir específicamente la formación del alumnado en el funcionamiento de las instituciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el conocimiento del estatuto de Autonomía para Andalucía.
Comoquiera que la nueva regulación contenida en el R. D. 1190/2012, de 3 de agosto, suprimió determinados contenidos que se consideran relevantes y se ajustan a los principios y valores constitucionales, según han avalado distintas sentencias del Tribunal Supremo, se hace necesario modificar la citada Orden de 10/0872007, de manera que dichos contenidos queden incluidos como opción específica de Andalucía, en virtud de las competencias que le corresponde.
Se destacan, además, algunos datos significativos que avalan la necesidad de incluir este área en el curriculum de EP. En primer lugar, que en el año 2010 se publicó el estudio Internacional de Civismo y Ciudadanía (ICCS 2009). Dicho estudio tuvo como objetivo investigar el grado de civismo y ciudadanía que han adquirido los jóvenes para comprender y asumir los derechos, las libertades y las responsabilidades que corresponden a la ciudadanía y que les permiten un papel activo en la sociedad.
El mencionado estudio aporta una serie de conclusiones de gran interés para el desarrollo del área objeto de esta Orden. En relación con las actitudes, creencias y valores, el alumnado español destaca positivamente por su apoyo a los principios cívicos de igualdad de género, a los valores democráticos y por la importancia que otorgan al modelo de ciudadanía propio de los «movimientos sociales». Sin embargo, obtiene puntuaciones más bajas en las actitudes hacia su país, en la sensación de «eficacia política interna» y en la importancia que da al modelo de ciudadanía convencional. En lo que se refiere a su comportamiento, ya sea actual o previsto, destaca su intención de ejercer el voto de forma informada en las elecciones, pero es escasa su participación en organizaciones de distinto tipo y que participa informalmente a través de conversaciones sobre temas sociales y políticos con las personas de su entorno más próximo, familia y grupos de iguales.
Las respuestas del alumnado sobre cómo el civismo y la ciudadanía se presentan en el contexto escolar sitúan a España por encima de la media en su participación voluntaria en diversas actividades llevadas a cabo en el centro, así como en la importancia que conceden a su participación en el mismo. En cambio, se sitúa por debajo de la media en la percepción por parte de la juventud estudiantil de que se fomenten los debates y conversaciones con carácter abierto y franco y de que tenga la capacidad de influir en las decisiones que afectan a la gestión del centro.
En segundo lugar, es necesario tener en cuenta lo publicado por la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa respecto a las orientaciones para la evaluación de la Competencia Social y Ciudadana, dado que determinan con claridad los contenidos con los que se relaciona esta competencia y que encuentran en las materias objeto de esta Orden, el campo más adecuado para su enseñanza y aprendizaje. Así, entre otros aspectos, define esta competencia como la que hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. La competencia social y ciudadana supone el desenvolverse socialmente, el conocimiento de las sociedades pasadas y presentes, los rasgos y valores del sistema democrático, el juicio moral y la toma de decisiones, así como el ejercicio activo y responsable de los derechos y deberes de la ciudadanía.
En tercer lugar, durante el curso 2010-2011 se llevó a cabo en Andalucía, por primera vez, la evaluación de diagnóstico de la Competencia Social y Ciudadana. Aunque los resultados en un solo curso no pueden considerarse concluyentes, sí que apuntan algunos datos a tener en cuenta. De todas las competencias evaluadas, la que presenta menor porcentaje de alumnado en el nivel superior de la escala es precisamente la Social y Ciudadana. Los resultados obtenidos reflejan que la dimensión de esta competencia más desarrollada en el alumnado de EP es la Convivencia y Cooperación, en segundo lugar estaría la dimensión Comprensión de la realidad Social, seguida de la dimensión Compromiso para la Ciudadanía democrática y la Participación a una distancia considerable. Todo ello, aconseja incluir contenidos en el currículo de esta etapa educativa que refuercen este área.
Por todo ello, a propuesta de la Dirección General competente en materia de ordenación y evaluación educativa, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la disposición final segunda del decreto 230/2007, de 31 de julio, la Consejera de Educación dispone la siguiente norma.

Corrección de errores al Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de EI, EP, EE, ESO y bachillerato

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Advertidos errores en el Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de EI, EP, EE, ESO y Bachillerato, se transcriben las oportunas rectificaciones.

Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía

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El artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde a la Comunidad Autónoma andaluza, como competencia compartida, el establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular.
Por su parte, la Consejería de Educación ha establecido la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la educación básica en Andalucía mediante la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria y la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria(en adelante, ESO), así como la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil y bachillerato a través de la Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la educación infantil y la Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato. Dichas Órdenes constituyen el desarrollo normativo de aspectos fundamentales como son la evaluación, promoción o titulación del alumnado de las etapas citadas.
No obstante, posteriormente y como desarrollo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se ha publicado otra normativa que ha introducido modificaciones que afectan a determinados aspectos de la evaluación, como son el reconocimiento de equivalencias, convalidaciones y exenciones de materias. Entre estas normas se encuentran la Orden de 24 de junio de 2008, por la que se regulan los programas de cualificación profesional inicial, la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, y la Orden de 1 de diciembre de 2009, por la que se establecen convalidaciones entre las enseñanzas Profesionales de Música y Danza y determinadas materias de la ESO y de Bachillerato, así como la exención de la materia de Educación Física y las condiciones para la obtención del título de Bachillerato al superar las materias comunes del Bachillerato y las Enseñanzas Profesionales de Música o Danza.
Además de éstas, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta), de 2 de febrero de 2009, recurso 201/2007, anula el artículo 14.2 «Permanencia de un año más en el mismo curso» del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se establecen enseñanzas mínimas, por lo que se hace necesario modificar aquellos aspectos de la correspondiente Orden de evaluación del alumnado de bachillerato en Andalucía, incluidos los anexos de la misma, relacionados con la aplicación de dicha sentencia.
Por otra parte, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, obliga a la Administración a adaptar las formas de actuación y tramitación de los expedientes, y en general, a adecuar los procedimientos a la nueva realidad que imponen las tecnologías de la información y la comunicación, reconociendo el derecho de la ciudadanía a comunicarse electrónicamente. En este mismo contexto, conforme a la disposición adicional undécima de la Ley 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía, y de agilización de los procedimientos administrativos se aprueban el Plan de Medidas de Simplificación de Procedimientos Administrativos y Agilización de los trámites por el Consejo de Gobierno el día 27 de enero de 2009 y el Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz.
Así pues, a fin de poder adecuar los documentos correspondientes a los principios y procedimientos de la administración electrónica recogidos en dicha regulación, se considera necesario proceder a la modificación de las órdenes reguladoras de la evaluación. Esta adecuación de los documentos oficiales de evaluación, además, recoge diversas actualizaciones que, tras la experiencia acumulada por la aplicación de estos documentos en los centros docentes, se consideran oportunas para poder llevar a cabo la mejora de los procesos de simplificación y racionalización de los procedimientos administrativos implicados en la evaluación del aprendizaje del alumnado.
Por todo ello, y de conformidad con la habilitación normativa que confieren el artículo 11.1 del Decreto 230/2007, de 31 de julio; el artículo 14 del Decreto 231/2007, de 31 de julio; el artículo 17 del Decreto 416/2008, de 22 de julio, y el artículo 10 del Decreto 428/2008, de 29 de julio, se procede a la modificación de las Órdenes que se dictaron como desarrollo de las citadas disposiciones.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y en uso de las facultades que confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el artículo 26.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, se dispone la siguiente norma.

Orden de 19/09/2002, por la que se regula la elaboración del PC de los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de Educación Especial en los centros ordinarios

El Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (en adelante, NEE) asociadas a sus capacidades personales, establece en su artículo 15, apartados 3 y 4, que determinados alumnos con NEE especiales podrán ser escolarizados en aulas o centros específicos de Educación Especial. Ambas opciones se configuran como modalidades de escolarización para el alumnado con NEE asociadas a condiciones personales de discapacidad, que requieran adaptaciones significativas y en grado extremo en las áreas del currículo oficial que le correspondan por su edad y cuando no sea posible su adaptación e integración social en un centro ordinario.
Según se establece en el artículo 30.1 del Decreto 147/2002, de 14 de mayo, las enseñanzas en las aulas o en centros específicos de Educación Especial comprenderá un período de formación básica de carácter obligatorio y un período de formación para la transición a la vida adulta y laboral.
En el artículo 30.3 del mismo Decreto, se establece que el período de formación básica de carácter obligatorio se organizará en ciclos y que en el diseño del currículo que los desarrolle se tomarán como referentes los currículos correspondientes a la Educación Infantil y a la Educación Primaria, en sus diferentes ámbitos y áreas, pudiendo dar cabida al desarrollo de las capacidades de la Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con las posibilidades y las necesidades educativas de cada alumno.
En la elaboración de la programación de aula específica de Educación Especial o del Proyecto Curricular del centro específico de Educación Especial, según corresponda, el profesorado y los profesionales que intervienen con el alumnado han de realizar un proceso de reflexión y toma de decisiones que, desde una perspectiva comprensiva pero, al mismo tiempo, lo suficientemente diversificadora e individualizadora, tenga en cuenta las especiales condiciones de este alumnado, ya que una respuesta tan específica requerirá una adaptación muy significativa de los currículos del precitado Decreto y conllevará modificaciones y cambios importantes en la propuesta de objetivos, contenidos, criterios de evaluación y pautas metodológicas.
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Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado

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El Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, aprobado por el Decreto 328/2010, de 13 de julio, ha regulado determinados aspectos relacionados con el alumnado y las familias, con el profesorado, con el personal de administración y servicios y con la organización, el funcionamiento y la evaluación de dichos centros. La regulación establecida pretende impulsar la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de estos centros, al tiempo que profundiza en la cultura de la evaluación permanente y la rendición de cuentas, con el objetivo de alcanzar la excelencia educativa y procurar el éxito escolar de todo el alumnado.
En la presente Orden se regula el horario general del centro, el horario lectivo del alumnado y el individual del profesorado, incluido el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a las tareas de dirección, el dedicado a la realización de las funciones de coordinación docente y las particularidades del horario del profesorado de los colegios públicos rurales que realiza itinerancias y del que comparte centros.
Finalmente, se establecen determinados aspectos relativos al profesorado de apoyo y refuerzo educativo y al especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales y se regulan los criterios para la asignación entre el profesorado de los cursos, grupos de alumnado y áreas que tenga encomendados cada equipo de ciclo.

Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el ROC de las Escuelas Infantiles de Segundo Ciclo, de los Colegios de Educación Primaria, de los Colegios de Educación Infantil y Primaria y de los Centros Públicos Específicos de Educación Especial

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El artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde a la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria, en relación con las enseñanzas obligatorias y no obligatorias que conducen a la obtención de un título académico o profesional con validez en todo el Estado, incluidas las enseñanzas de educación infantil, la competencia exclusiva, entre otras, en la programación y creación de centros públicos, su organización, régimen e inspección, así como la evaluación y garantía de calidad del sistema educativo y las actividades complementarias y extraescolares.
Asimismo, el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce la competencia compartida de la Comunidad Autónoma sobre la ordenación del sector y de la actividad docente, así como sobre los requisitos de los centros, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1. de la Constitución, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 del texto constitucional, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
La organización y el funcionamiento de los centros que imparten el segundo ciclo de la educación infantil y la educación primaria se regularon por el Decreto 201/1997, de 3 de septiembre. A lo largo de los trece años transcurridos se ha venido configurando una nueva realidad, tanto social como legislativa, que ha hecho necesario abordar la elaboración de un nuevo marco regulador que responda de manera más ajustada a los requerimientos que nuestra sociedad, y por consiguiente nuestros centros, tienen hoy. Idéntica consideración hay que hacer de los centros públicos específicos de educación especial a los que también resulta de aplicación el Reglamento que se aprueba por el presente Decreto.
La LOE, ha introducido importantes novedades en la organización, funcionamiento y gobierno de los colegios de educación infantil y primaria, profundizando en los conceptos de participación de la comunidad educativa y de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión.
Por otra parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (en adelante, LEA), reconoce dichos principios al dedicar el título I a la comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias, y personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria. Igualmente, su título IV trata de los centros educativos y dispone los aspectos esenciales que regirán su organización y funcionamiento y sus órganos de gobierno y de coordinación docente, impulsando la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los mismos, mediante la articulación de modelos de funcionamiento propios en torno al Plan de Centro. Asimismo, en dicha ley se refuerza la función directiva, potenciando su liderazgo pedagógico y organizativo. Finalmente, pone énfasis en la coordinación de las actuaciones de los distintos órganos y en el trabajo en equipo del pofesorado.
Los cambios mencionados, junto con la necesidad de concretar y desarrollar los aspectos regulados en la LEA, requieren de la derogación del reglamento de organización y funcionamiento de los centros de educación infantil y primaria actualmente en vigor.
Aspecto significativo del Reglamento que se aprueba por el presente Decreto es el decidido respaldo a la labor del profesorado, que se concreta, entre otras, en una serie de medidas de protección a los derechos del mismo, la asistencia jurídica y psicológica y la presunción de veracidad ante la Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas.
El Reglamento posibilita el ejercicio de la autonomía de los centros en los que se imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria o educación especial, autonomía estrechamente ligada a responsabilidad. Serán los centros los que decidan los criterios que aplicarán para la designación de los responsables de las estructuras y las horas que dedicarán al desempeño de las tareas asociadas a los órganos de gobierno y de coordinación docente, junto con una mayor flexibilización de las estructuras de organización y funcionamiento, con objeto de que estas herramientas permitan una mejor adaptación de cada centro docente a su contexto y promuevan estrategias eficaces y eficientes para la mejora del éxito escolar del alumnado y, en definitiva, para alcanzar la excelencia, entendida como calidad desde la equidad.

R.D. 1513/2006, de 7 de diciembre, que establece las enseñanzas mínimas de la educación primaria

La LOE, en su artículo 6.2, establece que corresponde al Gobierno fijar las enseñanzas mínimas a las que se refiere la disposición adicional primera, apartado 2, letra c) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de junio, reguladora del Derecho a la Educación. Las Enseñanzas mínimas son los aspectos básicos del currículo en relación con los objetivos, las competencias básicas, los contenidos y los criterios de evaluación. El objeto de este real decreto es establecer las enseñanzas mínimas de la Educación primaria.
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Orden 10-08-07, que regula la evaluación de la educación primaria en Andalucía

Como desarrollo del Decreto 230/2007, de 31 de julio, que establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta norma regula todo lo concerniente a la evaluación y promoción del alumnado de esta etapa educativa.
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