Decreto 81/2010, de 30 de marzo, de modificación del Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el SIMIA

https://docs.google.com/file/d/0B6e-roRyz00jS2V0YzNNa25FZ00/edit
El Sistema de Información sobre Maltrato Infantil en Andalucía(en adelante, SIMIA) fue establecido mediante Decreto 3/2004, de 7 de enero. En este Sistema, gestionado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, se ordenan e integran a través de un soporte informático los datos relativos a los casos de maltrato detectados, una vez hayan sido verificados. Dicho Sistema tiene por objeto la protección de los menores a través del adecuado conocimiento epidemiológico de los casos en que éstos sean objeto de malos tratos, su seguimiento y la coordinación de actuaciones entre las Administraciones Públicas competentes en esta materia. La información contenida en la Hoja de Detección y Notificación, en la que sólo se muestran los datos de identificación del o de la menor, sin que aparezca ningún dato personal de las posibles personas maltratadoras, tiene como finalidad principal facilitar las tareas de seguimiento de un caso por parte de los servicios sociales competentes, con el fin de conocer la historia previa del menor y abordar del modo más eficaz la intervención sociofamiliar que garantice su bienestar.
Con objeto de garantizar el adecuado desarrollo del procedimiento previsto para la inscripción de los datos sobre maltrato en el Sistema de Información se considera oportuno modificar el artículo 8.3, del Decreto 3/2004, de 7 de enero, en lo concerniente a configurar el trámite de audiencia hasta ahora contemplado en el mismo como un trámite en el que las personas interesadas podrán aportar los testimonios o informaciones que estimen convenientes, sin que ello suponga ningún menoscabo de los derechos de las mismas, al garantizarse un trámite de audiencia justo antes de la propuesta de resolución sobre la inscripción, tal y como se menciona en el artículo 10 del precitado Decreto.
Por otra parte, y teniendo en consideración que los únicos datos personales que son susceptibles de inscripción en el SIMIA son los correspondientes a las personas menores, y no los de sus familiares o representantes, se estima la conveniencia de modificar el artículo 11 del Decreto, eliminando la referencia a estos últimos.
En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 30 de marzo de 2010, se dispone la siguiente norma.

Anuncios

Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se establece el sistema de información sobre maltrato infantil de Andalucía

Decreto 3-2004, de 7 de enero, que establece el SIMIA
La Constitución Española de 1978 proporciona una especial protección tanto a la infancia como a la familia, en el ámbito social, económico y jurídico. De acuerdo con la distribución de competencias establecida en su Título VIII, se crea en materia de protección a la infancia un marco jurídico en el que corresponden atribuciones distintas al Estado y a las Comunidades Autónomas.
La Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, establece el marco jurídico de actuación en materia de promoción y protección de los derechos de los menores, configurando, como principio rector en el ejercicio de tales competencias, la actuación coordinada de las Administraciones Públicas de Andalucía y la colaboración con el resto de las Administraciones Públicas del Estado español en aras a garantizar el adecuado ejercicio de los citados derechos.
El maltrato infantil es un problema de etiología multifactorial con repercusiones múltiples, por lo que resulta esencial desarrollar y potenciar una actuación coordinada que permita un tratamiento intersectorial, interdisciplinar e integral respecto a la atención al menor, en esta materia. Para ello, con fecha 20 de noviembre de 2002, se estableció un Procedimiento de Coordinación entre las Consejerías de Gobernación, de Justicia y Administración Pública, de Salud, de Educación y Ciencia, y de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía, la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para la atención a Menores Víctimas de Malos Tratos en Andalucía, en el que, al margen de establecerse las bases de coordinación y las pautas de actuación, se comprometen a colaborar en la implantación de un instrumento de recogida de información sobre los casos de maltrato infantil, que aporte una visión global y permita un adecuado conocimiento sobre la realidad social existente de maltrato a menores, el seguimiento de éstos y la coordinación de actuaciones entre las Administraciones Públicas competentes en materia de protección de menores, a través del establecimiento de protocolos de denuncia, notificación y seguimiento homogéneos.
Es precisamente el ejercicio de una actuación coordinada en la protección a los menores la razón de ser del Sistema de información sobre maltrato infantil de Andalucía, en cuya regulación se aborda, de una parte, su forma de organización, en la que adquiere especial protagonismo la Hoja de Detección y Notificación de Maltrato Infantil, en segundo término, el procedimiento de obtención de la información y, finalmente, las condiciones de acceso a los datos inscritos en el mismo.
En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 26.5 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, a propuesta del Consejero de Asuntos Sociales y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 7 de enero de 2004, se dispone la presente norma.

Orientaciones para la evaluación del alumnado en la Educación Infantil

Fuente:www.slideshare.net


edit
Esta es una publicación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía((España).
La evaluación es una característica de toda actividad humana. La sociedad requiere, cada vez más, que se compare lo obtenido con lo esperado, que se emitan juicios de valor y se tomen decisiones. La implementación de sistemas de evaluación está asociada fundamentalmente a un creciente interés por los resultados de la calidad de la educación; ya que evaluar es una fuente valiosa de información que ayuda a evidenciar tanto los aspectos positivos en el proceso de aprendizaje como los aspectos negativos a fin de poderlos corregir a tiempo y superarlos. No hay que confundirlo con calificar o medir, lo que sería un aspecto más del proceso evaluador.
Las políticas educativas, autonómicas, nacionales e internacionales tienen en la actualidad como objetivo prioritario la mejora del rendimiento escolar e incluyen en la normativa educativa directrices para la evaluación del mismo. En este sentido, se elaboró en Andalucía la normativa reguladora de la evaluación del rendimiento curricular para el alumnado de la Educación Infantil, a través de la Orden de 29 de diciembre de 2008 (BOJA de 23-01-2009, modificada por la Orden de 17 de marzo, por la que se modifican las Órdenes que establecen la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía (BOJA de 4-04-2011).
Toda etapa educativa tiene unas características especiales y por tanto la evaluación también ha de atender las particularidades de cada una de ellas. La LOE, y la LEA, establece la educación infantil como una etapa única-desde los 0 a los 5 años-, con identidad propia, organizada en dos ciclos con intencionalidad educativa, no necesariamente escolar, lo que obliga a los centros a contar con una propuesta pedagógica específica desde el primer ciclo. Cómo evaluar el desarrollo del alumnado y la adquisición de las capacidades propuesta para esta etapa va a ser uno de los apartados prioritarios junto a la documentación que se necesita cumplimentar a lo largo del proceso evaluador.
Los epígrafes de la obra son:
-Presentación.
-Introducción.
-Marco de la Educación Infantil.
-Concepto de evaluación.
-Los referentes de la evaluación:los objetivos de la etapa.
-Qué y cómo se evalúa:procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación.
-Cuándo se valúa:las sesiones de evaluación.
-La evaluación del alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo.
-Los resultados de la evaluación:las calificaciones y la promoción.
-La participación del alumnado y las familias en la evaluación.
-Los documentos básicos de evaluación.
-Anexo.

Corrección de errores al Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de EI, EP, EE, ESO y bachillerato

viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B6e-roRyz00jNTkyY2QzYTYtNWUwZi00Y2U0LWJmNjctOTI4ZjQxZjgyNzNk&hl=es
Advertidos errores en el Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de segundo ciclo de EI, EP, EE, ESO y Bachillerato, se transcriben las oportunas rectificaciones.

Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía

viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B6e-roRyz00jOTQ4MWQ3ZTQtOGEzMi00ZjJlLTk5YTAtMWMzYjFhYzVlZmQ5&hl=es
El artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde a la Comunidad Autónoma andaluza, como competencia compartida, el establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular.
Por su parte, la Consejería de Educación ha establecido la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la educación básica en Andalucía mediante la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria y la Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria(en adelante, ESO), así como la ordenación de la evaluación en las etapas de educación infantil y bachillerato a través de la Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la educación infantil y la Orden de 15 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de bachillerato. Dichas Órdenes constituyen el desarrollo normativo de aspectos fundamentales como son la evaluación, promoción o titulación del alumnado de las etapas citadas.
No obstante, posteriormente y como desarrollo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se ha publicado otra normativa que ha introducido modificaciones que afectan a determinados aspectos de la evaluación, como son el reconocimiento de equivalencias, convalidaciones y exenciones de materias. Entre estas normas se encuentran la Orden de 24 de junio de 2008, por la que se regulan los programas de cualificación profesional inicial, la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, y la Orden de 1 de diciembre de 2009, por la que se establecen convalidaciones entre las enseñanzas Profesionales de Música y Danza y determinadas materias de la ESO y de Bachillerato, así como la exención de la materia de Educación Física y las condiciones para la obtención del título de Bachillerato al superar las materias comunes del Bachillerato y las Enseñanzas Profesionales de Música o Danza.
Además de éstas, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta), de 2 de febrero de 2009, recurso 201/2007, anula el artículo 14.2 «Permanencia de un año más en el mismo curso» del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se establecen enseñanzas mínimas, por lo que se hace necesario modificar aquellos aspectos de la correspondiente Orden de evaluación del alumnado de bachillerato en Andalucía, incluidos los anexos de la misma, relacionados con la aplicación de dicha sentencia.
Por otra parte, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, obliga a la Administración a adaptar las formas de actuación y tramitación de los expedientes, y en general, a adecuar los procedimientos a la nueva realidad que imponen las tecnologías de la información y la comunicación, reconociendo el derecho de la ciudadanía a comunicarse electrónicamente. En este mismo contexto, conforme a la disposición adicional undécima de la Ley 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía, y de agilización de los procedimientos administrativos se aprueban el Plan de Medidas de Simplificación de Procedimientos Administrativos y Agilización de los trámites por el Consejo de Gobierno el día 27 de enero de 2009 y el Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del sistema educativo andaluz.
Así pues, a fin de poder adecuar los documentos correspondientes a los principios y procedimientos de la administración electrónica recogidos en dicha regulación, se considera necesario proceder a la modificación de las órdenes reguladoras de la evaluación. Esta adecuación de los documentos oficiales de evaluación, además, recoge diversas actualizaciones que, tras la experiencia acumulada por la aplicación de estos documentos en los centros docentes, se consideran oportunas para poder llevar a cabo la mejora de los procesos de simplificación y racionalización de los procedimientos administrativos implicados en la evaluación del aprendizaje del alumnado.
Por todo ello, y de conformidad con la habilitación normativa que confieren el artículo 11.1 del Decreto 230/2007, de 31 de julio; el artículo 14 del Decreto 231/2007, de 31 de julio; el artículo 17 del Decreto 416/2008, de 22 de julio, y el artículo 10 del Decreto 428/2008, de 29 de julio, se procede a la modificación de las Órdenes que se dictaron como desarrollo de las citadas disposiciones.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y en uso de las facultades que confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el artículo 26.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, se dispone la siguiente norma.

Orden de 19/09/2002, por la que se regula la elaboración del PC de los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de Educación Especial en los centros ordinarios

El Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (en adelante, NEE) asociadas a sus capacidades personales, establece en su artículo 15, apartados 3 y 4, que determinados alumnos con NEE especiales podrán ser escolarizados en aulas o centros específicos de Educación Especial. Ambas opciones se configuran como modalidades de escolarización para el alumnado con NEE asociadas a condiciones personales de discapacidad, que requieran adaptaciones significativas y en grado extremo en las áreas del currículo oficial que le correspondan por su edad y cuando no sea posible su adaptación e integración social en un centro ordinario.
Según se establece en el artículo 30.1 del Decreto 147/2002, de 14 de mayo, las enseñanzas en las aulas o en centros específicos de Educación Especial comprenderá un período de formación básica de carácter obligatorio y un período de formación para la transición a la vida adulta y laboral.
En el artículo 30.3 del mismo Decreto, se establece que el período de formación básica de carácter obligatorio se organizará en ciclos y que en el diseño del currículo que los desarrolle se tomarán como referentes los currículos correspondientes a la Educación Infantil y a la Educación Primaria, en sus diferentes ámbitos y áreas, pudiendo dar cabida al desarrollo de las capacidades de la Educación Secundaria Obligatoria, de acuerdo con las posibilidades y las necesidades educativas de cada alumno.
En la elaboración de la programación de aula específica de Educación Especial o del Proyecto Curricular del centro específico de Educación Especial, según corresponda, el profesorado y los profesionales que intervienen con el alumnado han de realizar un proceso de reflexión y toma de decisiones que, desde una perspectiva comprensiva pero, al mismo tiempo, lo suficientemente diversificadora e individualizadora, tenga en cuenta las especiales condiciones de este alumnado, ya que una respuesta tan específica requerirá una adaptación muy significativa de los currículos del precitado Decreto y conllevará modificaciones y cambios importantes en la propuesta de objetivos, contenidos, criterios de evaluación y pautas metodológicas.
d3.pdf

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado

viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B6e-roRyz00jMDU1MTg2M2MtNWY1Mi00ZWI0LTk4MGItOTFiZjc3ZjJiNWIx&hl=es
El Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, aprobado por el Decreto 328/2010, de 13 de julio, ha regulado determinados aspectos relacionados con el alumnado y las familias, con el profesorado, con el personal de administración y servicios y con la organización, el funcionamiento y la evaluación de dichos centros. La regulación establecida pretende impulsar la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de estos centros, al tiempo que profundiza en la cultura de la evaluación permanente y la rendición de cuentas, con el objetivo de alcanzar la excelencia educativa y procurar el éxito escolar de todo el alumnado.
En la presente Orden se regula el horario general del centro, el horario lectivo del alumnado y el individual del profesorado, incluido el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a las tareas de dirección, el dedicado a la realización de las funciones de coordinación docente y las particularidades del horario del profesorado de los colegios públicos rurales que realiza itinerancias y del que comparte centros.
Finalmente, se establecen determinados aspectos relativos al profesorado de apoyo y refuerzo educativo y al especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales y se regulan los criterios para la asignación entre el profesorado de los cursos, grupos de alumnado y áreas que tenga encomendados cada equipo de ciclo.

Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el ROC de las Escuelas Infantiles de Segundo Ciclo, de los Colegios de Educación Primaria, de los Colegios de Educación Infantil y Primaria y de los Centros Públicos Específicos de Educación Especial

d3.pdf
El artículo 52 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que corresponde a la Comunidad Autónoma en materia de enseñanza no universitaria, en relación con las enseñanzas obligatorias y no obligatorias que conducen a la obtención de un título académico o profesional con validez en todo el Estado, incluidas las enseñanzas de educación infantil, la competencia exclusiva, entre otras, en la programación y creación de centros públicos, su organización, régimen e inspección, así como la evaluación y garantía de calidad del sistema educativo y las actividades complementarias y extraescolares.
Asimismo, el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía reconoce la competencia compartida de la Comunidad Autónoma sobre la ordenación del sector y de la actividad docente, así como sobre los requisitos de los centros, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1. de la Constitución, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 del texto constitucional, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
La organización y el funcionamiento de los centros que imparten el segundo ciclo de la educación infantil y la educación primaria se regularon por el Decreto 201/1997, de 3 de septiembre. A lo largo de los trece años transcurridos se ha venido configurando una nueva realidad, tanto social como legislativa, que ha hecho necesario abordar la elaboración de un nuevo marco regulador que responda de manera más ajustada a los requerimientos que nuestra sociedad, y por consiguiente nuestros centros, tienen hoy. Idéntica consideración hay que hacer de los centros públicos específicos de educación especial a los que también resulta de aplicación el Reglamento que se aprueba por el presente Decreto.
La LOE, ha introducido importantes novedades en la organización, funcionamiento y gobierno de los colegios de educación infantil y primaria, profundizando en los conceptos de participación de la comunidad educativa y de autonomía pedagógica, organizativa y de gestión.
Por otra parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (en adelante, LEA), reconoce dichos principios al dedicar el título I a la comunidad educativa: alumnado, profesorado, familias, y personal de administración y servicios y de atención educativa complementaria. Igualmente, su título IV trata de los centros educativos y dispone los aspectos esenciales que regirán su organización y funcionamiento y sus órganos de gobierno y de coordinación docente, impulsando la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los mismos, mediante la articulación de modelos de funcionamiento propios en torno al Plan de Centro. Asimismo, en dicha ley se refuerza la función directiva, potenciando su liderazgo pedagógico y organizativo. Finalmente, pone énfasis en la coordinación de las actuaciones de los distintos órganos y en el trabajo en equipo del pofesorado.
Los cambios mencionados, junto con la necesidad de concretar y desarrollar los aspectos regulados en la LEA, requieren de la derogación del reglamento de organización y funcionamiento de los centros de educación infantil y primaria actualmente en vigor.
Aspecto significativo del Reglamento que se aprueba por el presente Decreto es el decidido respaldo a la labor del profesorado, que se concreta, entre otras, en una serie de medidas de protección a los derechos del mismo, la asistencia jurídica y psicológica y la presunción de veracidad ante la Administración educativa en el ejercicio de las funciones propias de sus cargos o con ocasión de ellas.
El Reglamento posibilita el ejercicio de la autonomía de los centros en los que se imparten el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria o educación especial, autonomía estrechamente ligada a responsabilidad. Serán los centros los que decidan los criterios que aplicarán para la designación de los responsables de las estructuras y las horas que dedicarán al desempeño de las tareas asociadas a los órganos de gobierno y de coordinación docente, junto con una mayor flexibilización de las estructuras de organización y funcionamiento, con objeto de que estas herramientas permitan una mejor adaptación de cada centro docente a su contexto y promuevan estrategias eficaces y eficientes para la mejora del éxito escolar del alumnado y, en definitiva, para alcanzar la excelencia, entendida como calidad desde la equidad.

Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de la educación infantil

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), en su artículo 6.2, establece que corresponde al Gobierno fijar las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de la Educación infantil.
La Educación infantil constituye una etapa educativa con identidad propia. Por ello, esta norma establece objetivos, fines y principios generales referidos al conjunto de la etapa.
En virtud de las competencias atribuidas a las administraciones educativas(comunidades autónomas), según los artículos 14.7 y 6.4 de de la LOE, corresponde a éstas determinar los contenidos educativos del primer ciclo de la educación infantil y establecer el currículo del segundo ciclo, del que formarán parte las enseñanzas mínimas fijadas en este real decreto.
RD%201630-2006%20Ensenazas%20Infantil.pdf

Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo de educación infantil en Andalucía

Como desarrollo del Decreto 428/2008,de 29 de julio, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación infantil en Andalucía, se establece esta norma que tiene por objeto el desarrollar los objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas y los criterios de evaluación del currículo de la educación infantil, fijar el horario lectivo semanal del segundo ciclo y establecer orientaciones para el desarrollo de la autonomía pedagógica de los centros educativos.
Orden%205-8-2008%20Curriculo%20Infantil.pdf

Orden de 29/12/2008, que establece la ordenación de la evaluación en Educación Infantil en Andalucía

El Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación infantil en la comunidad Autónoma de Andalucía, define el currículo como el conjunto de objetivos, contenidos, orientaciones metodológicas y criterios de evaluación que regulan la práctica educativa en dicha etapa. El currículo será único para toda la etapa de educación infantil y garantizará la continuidad educativa entre los dos ciclos que la constituyen.
La evaluación en educación infantil pretende señalar el grado en que se van desarrollando las diferentes capacidades, así como orientar las medidas de refuerzo o adaptaciones curriculares necesarias. La evaluación tiene en esta etapa un carácter formativo. Asimismo, se establecen los documentos oficiales de evaluación y los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para garantizar la movilidad del alumnado.
ORDEN EVALUACIÓN E. INFANTIL

Decreto 428/2008, de 29 de julio, que establece la ordenación y enseñanzas de Educación Infantil en Andalucía

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 6.2 que el Gobierno fijará, en relación con los objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas mínimas, y el capítulo I del título I establece los principios generales y objetivos de la educación infantil, así como las normas fundamentales relativas a su organización, ordenación de la actividad pedagógica y régimen de evaluación. Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en el Capítulo I del Título II regula el currículo del sistema educativo andaluz, a excepción del universitario, y en el Capítulo II, dedicado a la Educación Infantil, los principios generales de estas enseñanzas, la iniciación de los niños y niñas en determinados aprendizajes y la necesaria coordinación con la educación primaria. El artículo 42 de la misma dispone que la Administración educativa establecerá el currículo de la etapa de educación infantil, teniendo en cuenta las enseñanzas mínimas que, para el segundo ciclo, establezca la Administración General del Estado.
El presente Decreto establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la etapa educativa de la educación infantil en Andalucía, sin menoscabo de lo dispuesto para el segundo ciclo de la misma en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de la educación infantil.
decreto-428-2008-que-establece-la-ordenacion-y-ensenanzas-de-educacion-infantil