Instrucciones de 11-01-2017, de la Dirección General de Participación y Equidad en relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en supuestos de ciberacoso

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La accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (en adelante, TIC) ha generado una nueva forma de acceder a la información y de establecer relaciones entre las personas que incide de manera directa en el desarrollo y el modo en que interactúan alumnos y alumnas. La nueva competencia digital implica el manejo de herramientas tecnológicas que posibilitan producir y recibir contenidos en un medio que traspasa la frontera de lo privado.
El Decreto 25/2007, de 6 de febrero, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por el que se establecen diversas medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación por parte de las personas menores de edad, incluye medidas concretas a desarrollar en los centros educativos.
De acuerdo con estas disposiciones los centros educativos deben propiciar e incentivar el uso seguro y responsable de Internet y las TIC, proporcionando al alumnado recursos y herramientas que les permitan prevenir situaciones de riesgo, incluyendo la sensibilización y protección frente a los abusos y la violencia de todo tipo que se produzcan a través de Internet y las TIC.
Por todo ello, es importante que los centros educativos contemplen actuaciones de prevención del ciberacoso o posibles situaciones de abuso a través de medios tecnológicos dentro de su plan de convivencia y su plan de orientación y acción tutorial, y cuenten con un protocolo de intervención que facilite una detección precoz y una intervención adecuada ante posibles casos de ciberacoso. Además de las estrategias generales de prevención previstas en los planes de convivencia, en los centros en los que no se hayan identificado casos de acoso o ciberacoso, pero sí se detecten conductas o situaciones de riesgo de aparición del mismo, es aconsejable actuar de forma preventiva y proactiva, intensificando actuaciones, tanto a nivel de aula, realizando actividades que aborden y eduquen sobre la temática, como desde la acción tutorial, mediante el seguimiento individualizado del alumnado de riesgo y sus familias, realizando entrevistas, informando sobre las conductas de riesgo detectadas, dando orientaciones educativas y estableciendo compromisos de convivencia.
La Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, incluye como Anexo I el protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar. Este protocolo contempla, entre otras, las situaciones de acoso a través de medios tecnológicos o ciberacoso, siendo de aplicación en los casos de intimidación, difusión de insultos, amenazas o publicación de imágenes no deseadas a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
No obstante, la creciente utilización de los medios tecnológicos de comunicación entre el alumnado y las peculiares características del ciberacoso, hacen aconsejable establecer unas instrucciones que ayuden a la aplicación del protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar cuando el acoso se produce a través de medios tecnológicos.
En este sentido, se hace necesario diferenciar dos tipos de situaciones, por un lado, el ciberacoso, o ciberbullying, en el que únicamente están implicados menores, y por otro lado, las situaciones de acoso hacia menores a través de medios tecnológicos por parte de una persona adulta, como, por ejemplo, el grooming o establecimiento de una relación de amistad o un vínculo afectivo con un o una menor utilizando una identidad falsa, normalmente con una finalidad sexual explícita o implícita.
Por todo ello, se disponen las siguientes instrucciones.

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La silla de pensar en educación infantil

Fuente:www.pedagogiablanca.com

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¿A qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando?
Se trata de un procedimiento que se usa en la escuela cuando un niño realiza alguna acción o conducta inapropiada que altera la convivencia del grupo. Se usa la técnica psicológica de “tiempo fuera”(se trata de apartar unos minutos-que variarán en función de la edad-sin posibilidad de reforzamiento). La aplicación correcta de esta técnica produce una reducción o eliminación de la conducta castigada. Para Fernández Parra(2003) el procedimiento para la aplicación de esta técnica es:
1.Seleccionar la conducta a disminuir: identificando claramente la conducta específica.
2. Medir la conducta a disminuir: registrar la frecuencia con la que se produce antes de iniciar la intervención.
3. Evaluación funcional para identificar qué contingencias de reforzamiento mantienen la conducta a disminuir. Sin esta identificación la intervención no es adecuada.
4. Si la conducta está mantenida por reforzamiento positivo controlar el reforzador y la fuente de reforzamiento.
5. Determinar el intervalo de tiempo fuera.
6. Cuando se produce la conducta a disminuir: a) Impedir la administración de reforzamiento. b)Retirar la fuente de reforzamiento durante el tiempo establecido:
-Sacando al niño del lugar o situación en el que se encuentra la fuente de reforzamiento y trasladándolo a otro lugar: controlado, donde no existan posibilidades alternativas de reforzamiento, que no resulte peligroso, y que no suponga problemas legales o pérdida de derechos.
-Dejando al niño en la situación en la que se encuentra y retirando la fuente de reforzamiento.
7. No reforzar la conducta a disminuir.
8. Completar la intervención con otras técnicas: extinción o reforzamiento diferencial.
9. Informar al niño de lo que se está haciendo (no es necesario pero puede facilitar el efecto).
10. Valorar el efecto de la intervención: suspender la intervención se no se detectan efectos en un plazo prudencial de tiempo
Se pretende con ella, la autorregulación-entendida como la acción y efecto de regularse a sí mismo, según se recoge en la 22ª edición del Diccionario de la Lengua Española-de la conducta infantil.
El objetivo que se busca es el de lograr que los niños comprendan qué comportamiento es el adecuado y ayudarles a corregir el incorrecto para ello hemos de ayudarle a serenarse hasta que pueda pensar con claridad y actuar de forma reflexiva; para lo que el docente ha de guiarle con preguntas y reflexiones y así pueda conocer qué esperamos de él, que cosas son correctas y cuáles no, qué comportamientos son dañinos o cuáles no.

Orden de 28-04-2015, que modifica la Orden de 20-06-2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas

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El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 35 que «Toda persona tiene derecho a que se respete su orientación sexual y su identidad de género. Los poderes públicos promoverán políticas para garantizar el ejercicio de este derecho». Asimismo, recoge en el artículo 37.1.2.º, entre los principios rectores de las políticas públicas, «La lucha contra el sexismo, la xenofobia, la homofobia y el belicismo, especialmente mediante la educación en valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad».
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, recoge en el artículo 4.f), entre los principios del sistema educativo andaluz, la convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado, y respeto a la diversidad mediante el conocimiento mutuo, garantizándose que no se produzca segregación del alumnado por razón de sus creencias, sexo, orientación sexual, etnia o situación económica y social. Igualmente, su artículo 7.2.g), reconoce entre los derechos del alumnado «el respeto a su identidad, intimidad, integridad y dignidad personales».
En desarrollo de esta Ley, se dictaron los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio, por los que se aprobaron, respectivamente, el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria y el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial.
Los referidos Decretos regulan los derechos y deberes del alumnado, la colaboración y participación de las familias y la constitución y el funcionamiento de la comisión de convivencia del Consejo Escolar a fin de promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos. Además, regulan la elaboración del Plan de Centro, el reglamento de organización y funcionamiento, el proyecto educativo y el plan de convivencia del centro para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar.
El Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos, establece en su artículo 34.1, que «la Administración educativa establecerá mediante un protocolo los procedimientos específicos de actuación e intervención de los centros educativos para los supuestos de maltrato, discriminación o agresiones que el alumnado pudiera sufrir, garantizando su seguridad y protección, así como la continuidad de su aprendizaje en las mejores condiciones. En dicho protocolo se establecerán las medidas educativas que recibirá el alumnado agresor, así como el tipo de intervención que se requiera en cada situación».
En desarrollo de estos Decretos se aprobó la Orden de la Consejería de Educación de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. Esta Orden estableció un nuevo marco normativo para la elaboración del plan de convivencia de los centros, procediendo igualmente a la actualización de los protocolos de actuación que deben utilizarse en los casos de acoso escolar, maltrato infantil, violencia de género en el ámbito educativo, y de agresión hacia el profesorado o el personal no docente.
Asimismo, la Ley 2/2014, de 8 de julio integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personales transexuales en Andalucía, dedica su Capítulo IV a la «Atención educativa», estableciendo en el artículo 15.1.i) que la Consejería competente en materia de educación «elaborará y difundirá los protocolos necesarios a fin de detectar, prevenir, intervenir y combatir cualquier forma de discriminación, en defensa de los menores que manifiesten actitudes de una identidad de género distinta a la asignada al nacer, con especial atención a las medidas contra el acoso y el hostigamiento, para su aplicación en servicios y centros de atención educativa financiados con fondos públicos, tanto de titularidad pública como privada».
Finalmente, la citada Ley 2/2014, de 8 de julio, establece en el artículo 15.2 que:
«Los estudiantes, el personal y los docentes que acudan a los centros educativos de Andalucía tienen derecho a:
a) Mostrar los rasgos distintivos de la personalidad que suponga el cambio y la evolución de su proceso de identidad de género, debiéndose respetar su imagen física, la elección de su indumentaria y el acceso y uso de las instalaciones del centro conforme a su género elegido.
b) Utilizar libremente el nombre que hayan elegido, conforme a lo establecido en el artículo 9 de la presente Ley, que será reflejado en la documentación administrativa del centro, en especial en aquella de exposición pública, como listados de alumnado, calificaciones académicas o censos electorales para elecciones sindicales o administrativas.»
Todo ello requiere un nuevo desarrollo normativo en el que se concrete el marco específico para la atención al alumnado con disconformidad de género en el sistema educativo andaluz.
Con el presente proyecto normativo se pretende modificar la referida Orden de la Consejería de Educación de 20 de junio de 2011, con el objeto de incorporar un nuevo protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo andaluz para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con disconformidad de género o transexual, ofreciendo orientaciones y pautas de intervención para su adecuada atención educativa, medidas organizativas y educativas a adoptar en el centro, actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación dirigidas a la comunidad educativa y medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso escolar, violencia o maltrato ejercidas sobre el alumnado no conforme con su identidad de género.
En su virtud, a propuesta del Director General de Participación y Equidad, y de acuerdo con las facultades que confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la disposición final sexta del Decreto 327/2010, de 13 de julio, y la disposición final quinta del Decreto 328/2010, de 13 de julio, se disponen las presentes instrucciones.

Orden de 20/06/2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas

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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece como un fin del sistema educativo la educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos y señala como un principio del mismo la participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía(en adelante, LEA), establece, entre los principios del sistema educativo andaluz, la convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. El artículo 5 de esta Ley establece como objetivos de la misma, entre otros, favorecer la democracia, sus valores y procedimientos, de manera que orienten e inspiren las prácticas educativas y el funcionamiento de los centros docentes, así como las relaciones interpersonales y el clima de convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa, promover la adquisición por el alumnado de los valores en los que se sustentan la convivencia democrática, la participación, la no violencia y la igualdad entre hombres y mujeres, promover la cultura de paz en todos los órdenes de la vida y favorecer la búsqueda de fórmulas para prevenir los conflictos y resolver pacíficamente los que se produzcan en los centros docentes.
Asimismo, el artículo 127 de la LEA dispone que el proyecto educativo de cada centro incluirá un plan de convivencia para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar, y en los artículos 29 al 33 se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos incluyendo, entre otras medidas, la posibilidad de que las familias suscriban compromisos educativos y compromisos de convivencia con los centros docentes, con objeto de procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas y establecer mecanismos de coordinación con el profesorado.
El Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, establece como principios de actuación la intervención preventiva a través de la puesta en marcha de medidas y actuaciones que favorezcan la mejora del ambiente socioeducativo de los centros, las prácticas educativas y la resolución pacífica de los conflictos. El artículo 34 del citado Decreto dispone que la Administración educativa establecerá, mediante protocolos específicos, los procedimientos de actuación e intervención de los centros docentes para los supuestos de maltrato, discriminación o agresiones que el alumnado pudiera sufrir, garantizando su seguridad y protección, así como la continuidad de su aprendizaje en las mejores condiciones. Asimismo, se dispone que la Administración educativa establecerá un protocolo de actuación para los supuestos de agresiones que los trabajadores de los centros educativos pudieran sufrir en el desarrollo de sus funciones, adoptando las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica en estos supuestos.
Por otra parte, el artículo 14 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, dispone que las personas que ejerzan la dirección de los centros educativos y los consejos escolares adoptarán los protocolos de actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito escolar.
En su disposición derogatoria única, el Decreto 327/2010, de 13 de julio, deroga los Títulos II y III del Decreto 19/2007, de 23 de enero, y la Orden de la Consejería de Educación de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros educativos sostenidos con fondos públicos.
Todo ello requiere un nuevo desarrollo normativo en el que se concrete el marco específico para la elaboración del plan de convivencia de los centros y la actualización de los protocolos de actuación que deben utilizarse ante supuestos de acoso escolar, agresión hacia el profesorado o el personal de administración y servicios, o maltrato infantil.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa, y de acuerdo con las facultades que confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la disposición final sexta del Decreto 327/2010, de 13 de julio, y la disposición final quinta del Decreto 328/2010, de 13 de julio, se dispone la siguiente norma.

Orden de 11/04/2011, por la que se regula la participación de los centros docentes en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» y el procedimiento para solicitar reconocimiento como Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+)

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La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece en su artículo 127 que, dentro del proyecto educativo del centro, se abordará, junto con otros aspectos, el plan de convivencia, para facilitar un adecuado clima escolar y prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia.
Asimismo, el artículo 142 de la citada Ley dispone que la Administración educativa favorecerá el funcionamiento en red de los centros educativos, con objeto de compartir recursos, experiencias e iniciativas y desarrollar programas de intercambio de alumnado y profesorado y recoge que se favorecerá la creación de redes educativas de profesorado y de centros que promuevan programas, planes y proyectos educativos para la mejora permanente de las enseñanzas.
El Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, establece un conjunto de medidas destinadas a la coordinación, seguimiento y evaluación de las actuaciones llevadas a cabo para la mejora de la convivencia escolar, así como al asesoramiento de los centros educativos en esta materia. Entre dichas medidas está la de potenciar en los centros educativos el desarrollo de programas de innovación educativa y de proyectos integrales «Escuela: Espacio de Paz».
El artículo 38 del mencionado Decreto recoge que la Consejería competente en materia de educación establecerá las bases reguladoras para el desarrollo de proyectos integrales «Escuela: Espacio de Paz», en los que podrán participar los centros educativos. En dichos proyectos se incluirán actividades que contribuyan a la mejora de la convivencia en los centros educativos, al respeto a la diversidad cultural, racial o de opinión, a la lucha contra las desigualdades de cualquier tipo, a la prevención, detección y tratamiento de la violencia y al desarrollo de programas de mediación u otros de naturaleza análoga.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General competente en materia de convivencia escolar, y de acuerdo con las facultades que confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y la disposición final segunda del Decreto 19/2007, de 23 de enero, se dispone la presente norma.

Protocolo de reflexión y actuación en torno al…profesor quemado

Rodrigo J. García Gómez es el autor de este documento, que va dirigido específicamente al profesorado. En el mismo se aborda el malestar de los docentes, o el llamado síndrome del profesor quemado. A lo largo de varios epígrafes va abordando aspectos tales como: qué se entiende por profesor quemado; estado actual del problema; riesgos psicosociales en el desarrollo de la profesión docente; qué se puede hacer como docentes; condiciones organizativas y profesionales a promover; estrategias individuales para combatir el malestar, el estrés, la ansiedad…; análisis de la realidad socioeducativa; práctica de la reflexión-acción; referencias documentales y bibliográficas comentadas.
(Rodrigo) profesor quemado

Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la mejora de la convivencia en los centros educativos

Se trata de un decreto, de la Junta de Andalucía, que tiene por objeto el establecer un conjunto de medidas y actuaciones dirigidas a la promoción de la cultura de paz y a la mejora de la convivencia en el ámbito de los centros educativos sostenidos con fondos públicos, a excepción de los universitarios.
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Convivencia

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ofrece a la comunidad educativa este portal sobre convivencia escolar. En él se puede encontrar información relativa a: Observatorio sobre Convivencia; la Red Escuela:Espacio de Paz; experiencias de centros educativos; materiales y recursos; formación; legislación; enlaces; noticias; y novedades.
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Conceptos clave en resolución de conflictos

El Ministerio de Educación del Gobierno de Chile entiende que la educación en la convivencia es uno de los aspectos que preocupa y ocupa a muchas comunidades escolares; por ello, fomenta la convivencia como un factor clave de calidad de la educación a través de la Política de Convivencia Escolar, cuya implementación está en desarrollo desde el año 2003. Este documento se enmarca en ese conjunto de acciones y tiene como objetivo difundir conceptos y herramientas básicas que contribuyan a abordar los conflictos oportunamente con un sentido de comunidad y prevenir agresiones que deterioren el clima educativo.
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Protocolo de intervención en conflictos derivados de separación y divorcio

El Proyecto Atlántida dispone de gran cantidad de recursos y materiales para el tema de convivencia escolar. En este sentido, el presente documento es una guía de atención e intervención en conflictos derivados de separación o divorcio. Asimismo, se recogen numerosas referencias bibliográficas(en soporte libro y/o digital).
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