Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

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En el marco normativo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, esta Administración aborda por primera vez en su ordenamiento con el rango de decreto la intervención de ésta sobre una realidad socioeducativa evidente: la diversidad del alumnado.
Es por tanto un imperativo para la actuación de la Administración educativa el fomento de los valores que la Ley Orgánica de Educación establece y que son objetivo fundamental de la educación para los agentes educativos: lograr la necesaria cohesión social, entendiendo por ésta el fomento de la convivencia democrática, el respeto a las diferencias individuales y la promoción de la solidaridad e inclusión, evitando la discriminación. La educación ha de combinar la calidad con la equidad en la oferta educativa, logrando que todos los ciudadanos puedan recibir una educación y una formación de calidad.
El presente Decreto ha sido permeable a otras normas no educativas, que se toman como referencias inspiradoras y de necesario cumplimiento, como la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y la norma básica regional Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia.
Asimismo, respecto al ordenamiento regional, cabe señalar que este decreto establece una relación de complementariedad con otras disposiciones vigentes con las que debe guardar armonía, como los decretos de los currículos de las diversas enseñanzas, el Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Decreto 286/2007 de 7 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el Decreto 291/2007, de 14 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Decreto 262/2008, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Asimismo, respecto a los antecedentes normativos regionales, hacer constar la existencia de diferentes normas con rango de orden que fueron abordando, con cierta dispersión, medidas y servicios para atender las necesidades específicas de los alumnos y alumnas, por lo que la presente disposición reglamentaria ha recogido igualmente aquellos preceptos que se han demostrado eficaces.
Esta Administración educativa entiende, y así se plasma en la presente norma, que la atención a la diversidad ha de ser entendida como un principio que debe regir toda la enseñanza, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el alumnado los alumnos y alumnas. Es decir, se trata de contemplar la diversidad del alumnado como principio y no como una medida que corresponde a la necesidad de unos pocos.
De esta manera, se asume el reto de una educación en igualdad de oportunidades que atienda a todo el alumnado, buscando una respuesta adecuada a sus características y necesidades, y que aborda, además, los grupos de alumnos y alumnas que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna necesidad específica de apoyo educativo, con ausencia de discriminación, directa o indirecta, que tenga su causa en factores personales o sociales derivados de discapacidad, de trastornos graves de conducta o del desarrollo, de altas capacidades intelectuales, de dificultades específicas de aprendizaje, de integración tardía en el sistema educativo español, de condiciones personales o de historia escolar que supongan una desigualdad inicial para acceder a la educación básica y para progresar en los niveles posteriores.
De acuerdo con tales supuestos de base, el presente Decreto se estructura en nueve Capítulos, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y una disposición final.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, Formación y Empleo, de acuerdo con el Consejo Jurídico de la Región de Murcia, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su reunión del día 30 de octubre de 2009, se dispone la siguiente norma.

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Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura

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El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en redacción dada por ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, en su artículo 10.1.4 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades.
De acuerdo con este precepto, en el ámbito educativo en general y, en concreto, en materia de atención a la diversidad, la Comunidad Autónoma de Extremadura asume la realidad de que todos los alumnos tienen necesidades educativas, sean estas específicas o no, especiales o no. Por ello, hace suyo el principio de que la atención a la diversidad del alumnado supone al mismo tiempo un reto y una necesidad que comprende al conjunto del alumnado de cualquier etapa educativa, lo que conlleva por parte de la Administración educativa el compromiso de proporcionar respuestas diferenciadas y adaptadas a las características y necesidades de cada alumno.
La Comunidad Autónoma de Extremadura es conocedora de que los sistemas educativos con mejores resultados son aquellos que tienen altas expectativas de todos sus alumnos; apuestan por una educación inclusiva, asegurando que ningún alumno quede excluido del sistema educativo por ningún motivo; se esfuerzan por desarrollar en todos los alumnos su potencial personal, el sentido de la dignidad y la autoestima y refuerzan el respeto por la diversidad humana. Es por eso que el presente decreto contempla la diversidad como un principio y no estrictamente como un conjunto de medidas tendentes a cubrir las necesidades de algunos alumnos.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, pone de manifiesto en su preámbulo que la educación constituye un instrumento de mejora de la condición humana y de la vida colectiva. Entre los principios en los que se inspira el sistema educativo son particularmente relevantes la calidad de la educación para todo el alumnado, la equidad que garantice la igualdad de derechos y de oportunidades, la no discriminación y la inclusión educativa, la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado y la orientación educativa y profesional de los estudiantes para el logro de una formación personalizada que propicie una educación integral para todos.
De modo similar, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa(en adelante, LOMCE), señala en su preámbulo que “el alumnado es el centro y la razón de ser de la educación”. Añade que “todos los alumnos y alumnas tienen un sueño” y “todas las personas jóvenes tienen talento” y subraya que “nuestras personas y sus talentos son lo más valioso que tenemos como país”. De acuerdo con estos principios, establece que “todos y cada uno de los alumnos y alumnas serán objeto de atención”.
Abundando en ello, la LOMCE pone su acento en el reconocimiento de la diversidad entre los alumnos, en sus habilidades y expectativas. Resalta que la educación contribuye al ámbito social facilitando el desarrollo personal y la integración social, así como destaca los profundos cambios a los que se enfrenta la sociedad actual que requieren una continua y reflexiva adecuación del sistema educativo a las distintas demandas de aprendizaje.
A nivel autonómico, la Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, en su artículo 2 contempla que el modelo educativo extremeño se fundamenta, entre sus principios, en la calidad de la educación, conjugando la excelencia y la equidad educativas como principios inseparables, en el respeto y reconocimiento de la diversidad en el marco de una escuela inclusiva, en la atención individualizada a los alumnos, así como en la igualdad de oportunidades.
La Ley de Educación de Extremadura establece que la atención a la diversidad del alumnado se organizará conforme a los principios de prevención, inclusión, normalización, superación de desigualdades, globalidad, coordinación y corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad educativa. Además resalta la necesaria apertura de los centros a su entorno e incide en el uso de las redes de recursos sociales de la comunidad.
En concordancia con lo anterior la Ley de Educación de Extremadura, pone de relieve que los centros educativos, en virtud de su autonomía pedagógica y de acuerdo con el principio de inclusión, podrán establecer programas, estrategias y actuaciones de tipo organizativo, de coordinación y curricular en el proceso de planificación o en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y hace hincapié en la importancia de la participación de las familias en las decisiones relativas al proceso educativo de sus hijos, especialmente en las que se refieren a la adopción de medidas específicas de escolarización, bien sean extraordinarias o excepcionales.
Dichos principios suponen una fuente de inspiración en el trabajo que desarrollan los profesionales del ámbito educativo de la Comunidad de Extremadura para conseguir el éxito del alumnado de manera que todos alcancen el máximo desarrollo de sus capacidades individuales, intelectuales, emocionales, y sociales, facilitando que todos y cada uno reciban una educación adaptada a sus necesidades y prestando los apoyos necesarios, tanto a los alumnos que lo requieran como a los centros en los que estén escolarizados. Todo ello, desde la convicción de que la educación es el fermento principal en la construcción de la personalidad del alumnado, en el fomento de la convivencia y en el respeto a las diferencias individuales y los valores de solidaridad.
Igualmente, la Comunidad Autónoma de Extremadura asume que uno de los mejores indicadores del grado de desarrollo alcanzado por una sociedad es la capacidad para integrar a personas de diferentes condiciones, ofreciéndoles oportunidades para realizar con éxito y en términos de igualdad un proyecto de vida digno y completo.
Por ello, el decreto que regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado de Extremadura recoge las indicaciones establecidas en la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 y toma en consideración el texto suscrito en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptado por las Naciones Unidas en 2006, de aplicación en España desde 2008 así como el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, según el cual, el paradigma educativo para conseguir una educación de calidad, más justa y equitativa, es el de la inclusión educativa.
La Consejería con competencias en materia de educación pretende con este decreto poner de relieve su contribución al objetivo general de desarrollar las capacidades de a las personas que presenten algún tipo de discapacidad para que puedan disfrutar de todos sus derechos, en particular, en sus ámbitos de actuación: la educación y la formación.
Finalmente, el presente marco normativo tiene como razón de ser y objetivo principal que todos los alumnos alcancen las competencias y los objetivos establecidos con carácter general para cada una de las enseñanzas y etapas educativas, contribuyendo a reducir el abandono y el fracaso escolar de acuerdo con la Estrategia de la Unión Europea para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador que ha establecido para el año 2020 el objetivo educativo de que la tasa de abandono escolar se reduzca significativamente.
Desde estos planteamientos es necesario que en los centros educativos de de Extremadura se desarrollen procesos de enseñanza-aprendizaje que garanticen una respuesta de calidad para todo el alumnado escolarizado en ellos. Esta realidad va a requerir actuaciones educativas complejas, tanto a nivel de centro como de aula, una adecuación de las actuaciones profesionales y la asunción de una responsabilidad compartida por parte de todos los agentes de la comunidad educativa que la Administración adquiere el compromiso de abanderar. Toma para ello como premisa el hecho constatado de que la inclusión es un proceso de intervención educativa que nunca se da por finalizado y que, en el marco de este proceso, los centros educativos son el motor del cambio, el espacio donde se producen las verdaderas transformaciones y el escenario donde hay que buscar medios para incluir a todo el alumnado sin exclusión alguna.
Procede, en suma, establecer un marco regulador en relación a la atención a la diversidad del alumnado con la finalidad de lograr el máximo desarrollo personal, social, profesional, intelectual y emocional de cada alumno, así como su potencial de aprendizaje, facilitándole la adquisición de las competencias y la consecución de los objetivos generales de cada etapa y facilitando su permanencia en el sistema educativo. Se trata, en última instancia, de responder a la diversidad del alumnado entendiendo que así se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la calidad y equidad educativas, y se contribuye a una mayor cohesión social, principios que avalan la publicación de este decreto que regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado de Extremadura.
De conformidad con lo expuesto, previo informe del Consejo Escolar de Extremadura, de acuerdo con el Consejo Consultivo, a propuesta de la Consejera de Educación y Cultura, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su sesión de 14 de octubre de 2014, se dispone la presente norma.

Plan de actuación para la mejora de la atención educativa al alumnado escolarizado en centros específicos de Educación Especial en Andalucía 2012-2015

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Este Plan de actuación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía-que se desarrollará desde el año 2012 hasta el 2015-cuyos destinatarios son el alumnado escolarizado en centros específicos de educación especial y-en algunas de ellas-el alumnado escolarizado en aulas específicas de educación especial en centros públicos ordinarios en Andalucía es una propuesta para adecuar la respuesta de estos centros a las nuevas necesidades de su alumnado, derivadas de los nuevos contextos de aprendizaje y de una filosofía de inclusión.
En la elaboración de este Plan se ha contado con la colaboración de los propios centros específicos de educación especial sostenidos con fondos públicos y del movimiento asociativo en el campo de la discapacidad.

Orden de 13/12/2010, por la que se regula la atención al alumnado con NEAE en la Comunidad Autónoma de Canarias

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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOE), en su artículo 71, establece que corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades específicas de apoyo educativo(en adelante, NEAE), puedan alcanzar de ese modo el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. Además, la identificación y evaluación de las necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo antes posible, por personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las Administraciones educativas.
En el marco de esta Ley, la escolarización del alumnado que presenta Necesidades Educativas Especiales(en adelante NEE) se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario.
La presente Orden desarrolla el Decreto 104/2010, de 29 de julio (BOC nº 154, de 6 de agosto), por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. Y encuentra su fundamento en el reconocimiento y aceptación de las diferentes necesidades educativas que presenta la diversidad de los escolares en las aulas, y en el ajuste de las respuestas a las posibilidades y capacidades de cada uno de ellos. Parece, así necesario, por una parte, precisar y definir los conceptos relacionados con las discapacidades, trastornos, y dificultades ya concretadas en el citado Decreto104/2010, de 29 de julio (BOC nº 154, de 6 de agosto), con el objetivo de dar un paso más encaminado a facilitar la identificación de este alumnado con los mismos términos y proporcionar así, la respuesta educativa más ajustada a sus singularidades.
Conforme dispone la Ley 1/1983, de 14 de abril, los Consejeros, como miembros del Gobierno, tienen, entre otras funciones, las de ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento, en forma de Órdenes Departamentales.
De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 5, apartado 1, letra c), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en cuanto a la potestad de ordenación jurídica de los centros públicos de enseñanza no universitaria dependientes del Departamento aprobado por el Decreto 113/2006, de 26 de julio (BOC nº 148, de 1 de agosto), a iniciativa de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa y a propuesta del Viceconsejero de Educación y Universidades se dispone la siguiente norma.

Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias

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Este Decreto encuentra su fundamento en el reconocimiento y aceptación de las diferentes necesidades educativas que presenta la diversidad de escolares en las aulas y en el ajuste de las respuestas a las posibilidades y capacidades de cada escolar. Se sustenta, como expone la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en la atención a la diversidad, que se establece como principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades. El presente Decreto regula la atención a la diversidad del alumnado y, especialmente, la atención de quienes presentan necesidades específicas de apoyo educativo(en adelante, NEAE) contempladas en los artículos 71 a 79 de la LOE.
La diversidad constituye una realidad en los centros educativos que ha de ser atendida por todo el profesorado. La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el alumnado. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de los escolares como principio y no como una disposición que corresponde a las necesidades de un grupo reducido de alumnado. De este modo, las medidas y acciones para la atención a las NEAE deben ajustarse, entre otros, a los principios de normalización de servicios, de flexibilidad en la respuesta educativa, de prevención en las actuaciones desde edades más tempranas y de atención personalizada.
El presente Decreto se estructura en dos capítulos; el primero, de disposiciones generales, en el que se establece su objeto, principios inspiradores de las actuaciones y sus destinatarios, y las definiciones que permiten diferenciar las distintas circunstancias.
El segundo se divide en dos secciones. La primera regula la escolarización y los recursos que deben destinarse, la formación e implicación del profesorado y la participación de las familias. La segunda se ocupa de desarrollar una serie de acciones preventivas comunes para todo el alumnado que precisa de apoyos educativos y articula las medidas específicas para su respuesta educativa.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, previo informe
del Consejo Escolar de Canarias, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 29 de julio de 2010, se dispone la siguiente norma.

Cuestiones planteadas sobre la Orden de 25/07/2008, que regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía

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En este documento están recogidos los numerosos interrogantes que se han planteado en la comunidad educativa, tras la publicación de la Orden de 25 de julio de 2008(BOJA, 167 de 22/08/2008) por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

Orden de 19/09/2002, que regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización

El Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (en adelante, NEE) asociadas a sus capacidades personales, en el artículo 6, define la evaluación psicopedagógica y establece el momento de realización, los agentes y los cauces de participación en dicho proceso, y en el artículo 7, determina el contenido básico del dictamen de escolarización.
La atención educativa a las NEE del alumnado requiere la adopción de medidas específicas relacionadas con la escolarización, la adaptación del currículo y el empleo de materiales y recursos didácticos específicos, ajustadas a sus características y necesidades educativas, considerando sus circunstancias socio-familiares, su evolución escolar y la participación en el contexto escolar en condiciones de mayor normalización posibles.
Para adoptar estas medidas es preciso conocer de forma exhaustiva cuáles son las capacidades personales del alumno y los factores de orden cultural, escolar, social y familiar que inciden favorable o desfavorablemente en su enseñanza y en su aprendizaje. Este proceso que se denomina evaluación psicopedagógica, constituye el paso previo a la intervención educativa especializada o compensadora. La evaluación psicopedagógica podrá ser realizada por los Equipos de Orientación Educativa (en adelante, EOE), por los Departamentos de Orientación de los IES o, en su caso, por los profesionales dedicados a la orientación educativa en los centros privados concertados.
El dictamen de escolarización es un informe fundamentado en la evaluación psicopedagógica en el que se determinan las NEE y se concretan la propuesta de modalidad de escolarización y la propuesta de las ayudas, los apoyos y las adaptaciones que cada alumno requiera. El dictamen de escolarización es competencia de los EOE de la Consejería de Educación y Ciencia.
Esta es la normativa que regula en la Comunidad Autónoma de Andalucía el procedimiento para la realización de la evaluación psicopedagógica del alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE).
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Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa al alumnado con NEE, asociadas a sus capacidades personales

En la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), se consolidaron y actualizaron los principios por los cuales se ordena y regula la atención educativa al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (en adelante, NEE). En sus artículos 36 y 37 se establece el modelo de educación especial dentro del sistema educativo y el compromiso de atender a estos escolares con los recursos humanos y materiales necesarios, con la aplicación de las medidas organizativas que se consideren convenientes en los centros y con la adaptación del currículo que sea precisa para alcanzar, dentro del mismo sistema educativo, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.
Asimismo, en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 9/1995, de 20 noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros docentes (LOPEGCE), se define con claridad el concepto de NEE, dentro del cual se encuentran los alumnos y alumnas que por razón de discapacidad física, psíquica o sensorial requieren durante su escolarización la prestación de apoyos y atenciones educativas específicas.
El compromiso con la atención a la diversidad y la consecución del objetivo básico recogido en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, en lo referido a los alumnos y las alumnas con NEE, ha sido ratificado y consolidado mediante la aprobación de dos leyes, de cobertura autonómica, en las que se han establecido las directrices a seguir en la atención a las personas con discapacidad. En la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, se establece el objetivo general de mejorar y de complementar las condiciones de escolarización del alumnado con NEE por razón de sus capacidades de tipo físico, psíquico o sensorial, o asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual, desde los principios de la normalización e integración escolar. En la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, se delimita el marco global de la atención a las personas con discapacidad a lo largo de toda su vida, así como el acceso no sólo a la educación, sino también a la vivienda, al transporte, a la comunicación, al trabajo, al ocio y al deporte. Asimismo, en su Título III se recogen los derechos y las medidas específicas para la población escolar con discapacidad.
Con el fin de llevar a cabo el desarrollo de las leyes mencionadas, en el presente Decreto se procede a la ordenación de la atención educativa al alumnado con NEE asociadas a sus capacidades personales en los aspectos relativos a la escolarización, a las enseñanzas y al empleo de recursos humanos y medios materiales específicos.
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Ley 9/99, de 18 de noviembre, de solidaridad en la educación

La Constitución Española (1978), en el artículo 27, reconoce a todos los españoles el derecho a la educación y, en su artículo 9.2, encomienda a los poderes públicos que promuevan las condiciones y remuevan los obstáculos para que este derecho sea disfrutado en condiciones de igualdad por todos los ciudadanos. Igualmente, en el artículo 49, compromete a los poderes públicos a realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que la Constitución otorga a todos los ciudadanos.
Asimismo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 12.1 establece que dicha Comunidad Autónoma promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; removerá los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitará la participación de todos los andaluces en la vida política, económica, cultural y social.
Con esta Ley, la Junta de Andalucía renueva y consolida su compromiso con la igualdad de oportunidades, la universalización del derecho a la educación y la integración social de los sectores de población desfavorecidos, haciéndolo efectivo a través de la promoción de políticas públicas que conduzcan a la consecución del estado del bienestar.
Asimismo establece los objetivos que se pretenden alcanzar con la aplicación del principio de la solidaridad en la educación. Estos objetivos van encaminados a mejorar y complementar las condiciones de escolarización del alumnado que presenta Necesidades Educativas Especiales (NEE), a potenciar la asunción de valores inherentes en la interculturalidad que permitan desarrollar en la comunidad educativa actitudes de respeto y tolerancia hacia los grupos minoritarios. Como medida estratégica se pretende impulsar la coordinación de las distintas Administraciones y la colaboración de instituciones, asociaciones y organizaciones no gubernamentales en el desarrollo de programas y acciones de compensación educativa y social según el espíritu que caracteriza a las organizaciones de acción voluntaria.
En este sentido, la población escolar, que presenta diferentes capacidades de tipo físico, psíquico o sensorial, tiene necesidades educativas muy distintas entre sí. Ello requiere respuestas educativas también diferenciadas. El programa de integración escolar permitió avances notables en la mejora de la educación de este alumnado; no obstante, es necesario corregir algunos desajustes y seguir mejorando la atención educativa, desde los principios de normalización e integración escolar, para que este alumnado desarrolle el máximo posible de sus capacidades y pueda beneficiarse de todo lo que el sistema educativo es capaz de ofrecerle, disponiendo de las medidas de individualización de la enseñanza y accesibilidad al currículo que cada caso y situación requiera, así como de las medidas específicas de eliminación de barreras arquitectónicas y el empleo de medios y sistemas alternativos para la comunicación.
En definitiva, la presente Ley ha de ser el punto de confluencia de todos los esfuerzos que se lleven a cabo en la Comunidad Autónoma Andaluza en pro del ejercicio de la solidaridad y de la erradicación de situaciones que impidan que todos y cada uno de los andaluces consigan desarrollar el máximo de sus capacidades personales.
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Orden 25/07/08, que regula atención a la diversidad

Las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria- por su carácter de obligatorias-determina que se organizarán las mismas de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. A tales efectos, se pondrá especial énfasis en la adquisición de las competencias básicas, en la detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, en la tutoría y orientación educativa del alumnado y en la relación con las familias para para apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.

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