Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía

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El concepto de identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente profundamente, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La identidad de género está generalmente acompañada del deseo de vivir y recibir aceptación como miembro de dicho género e incluso del deseo invencible de modificar, mediante métodos hormonales, quirúrgicos o de otra índole, el propio cuerpo, para hacerlo lo más congruente posible con el sexo-género sentido como propio.
Respetando su idiosincrasia individual, el comportamiento y la evolución de cada persona transexual muestran su lucha por reconocerse y aceptar su propia identidad, así como por desarrollarse socialmente en el sexo-género al que siente que pertenece. Las dificultades que se encuentran en este proceso son incontables y de toda índole y el sufrimiento que provocan es considerable. Es necesario por tanto crear un marco normativo que facilite este proceso, permitiendo la progresiva adaptación de la persona y el desarrollo completo de sus potencialidades humanas.
La Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud contempló por primera vez la homosexualidad como una enfermedad mental en la CIE-9 de 1977, pero eventualmente la eliminó en 1990, al adoptarse la CIE-10, de acuerdo con las investigaciones que mostraban que la orientación sexual no era una enfermedad. El foco se movió entonces hacia las identidades transexuales, que fueron introducidas como nuevas clasificaciones de trastornos psicológicos y del comportamiento. Los manuales internacionales de enfermedades mentales DSM-IV-R y CIE-10, elaborados por la American Psychiatric Association (APA) y por la Organización Mundial de la Salud (OMS), respectivamente, la recogen y califican como
«trastorno de la identidad sexual» o «desorden de la identidad de género». El diagnóstico médico asociado a la transexualidad es «disforia de género».
Sin embargo, podemos apreciar un cambio sustancial con el nuevo manual internacional DSM-V y los últimos informes y resoluciones de Naciones Unidas. En junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos adoptó la Resolución 17/19, la primera resolución de las Naciones Unidas relativa a derechos humanos, orientación sexual e identidad de género. Su aprobación abrió el camino al primer informe oficial de las Naciones Unidas sobre ese tema, preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denominado «Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual e identidad de género», y al reciente informe «Nacidos libres e iguales: Orientación sexual e identidad de género en las normas internacionales de derechos humanos».
Es cada vez mayor el número de personas expertas e investigadoras de prestigio que considera la despatologización de la transexualidad, en línea con los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, que en el Principio 18, dedicado a la protección contra los abusos médicos, establecen que «con independencia de cualquier clasificación que afirme lo contrario, la orientación sexual y la identidad de género de una persona no son, en sí mismas, condiciones médicas y no deberán ser tratadas, curadas o suprimidas».
Todas las personas sin distinción, seres biológicos, sociales y culturales al mismo tiempo, nacen iguales en dignidad y en derechos, como proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1, cuyo eco resuena con fuerza en la Constitución Española, que en su artículo 10.1 concibe la dignidad de la persona, junto con los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad, como «fundamento del orden político y de la paz social». Por su parte, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, además de considerar en su Preámbulo fundada la Unión sobre «los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad», reconoce en su artículo 1 como derecho fundamental la dignidad humana, que es inviolable y habrá de ser respetada y protegida.
La dignidad de las personas reafirma su cualidad subjetiva y exige el respeto a su esfera de autodeterminación personal libre de injerencias y discriminaciones, así como el establecimiento de las condiciones necesarias para el libre desarrollo de la personalidad, con la que indisolublemente va asociada como fundamento de los derechos. En esta condición, la dignidad de la persona también se constituye en parámetro fundamental de la actividad del Estado constitucional y de la sociedad democrática, demandando de los poderes públicos de cualquier nivel no solo una actitud de respeto, sino también la actitud positiva de contribuir a establecer las condiciones necesarias para su efectiva realización. Éste, y no otro, es el claro fundamento para que estas personas reclamen con toda justicia de los poderes públicos una regulación jurídica que se les debe. Una regulación que a cada una de ellas les permita decidir libremente sobre la determinación del género con el que se identifican, con todas las consecuencias, manifestaciones y efectos que esta decisión conlleva; a saber:
a) Poder modificar, en su caso, mediante los recursos sanitarios disponibles el propio cuerpo para conseguir una apariencia lo más congruente posible con el sexo-género con el que se identifica.
b) Poder adoptar un modo de vida personal y social igualmente congruente y correspondiente a esta identidad.
c) Tener derecho a un trato igual a las demás personas en todos los ámbitos, sin que en ningún caso sea discriminatorio.
Estas son las razones que han conducido en los últimos años, tras un largo proceso de lucha por los derechos de los colectivos de personas transexuales –lucha que todavía continúa–, a una mayor sensibilidad de la sociedad y del ordenamiento jurídico para atender sus reivindicaciones, dirigidas a terminar con una secular discriminación como grupo social, llevando los planteamientos antes expuestos para la preservación de la dignidad de las personas al terreno coextenso de la igualdad.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea incluye en su artículo 21 la orientación sexual como una causa odiosa de discriminación. El artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se refiere a la lucha contra la discriminación, entre otros motivos, por la orientación sexual.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía contiene, por un lado, en su artículo 14, una cláusula general antidiscriminatoria en la que contempla, entre otras causas odiosas de discriminación, la orientación sexual y, por otro, formula un específico derecho subjetivo de toda persona «a que se respete su orientación sexual y su identidad de género» y, al mismo tiempo, prevé la obligación de los poderes públicos de promover políticas para garantizar su ejercicio (artículo 35). Asimismo, el artículo 37.1.2.º proclama como principio rector de las políticas públicas de los poderes de la Comunidad Autónoma la lucha, entre otros aspectos, contra el sexismo y la homofobia, «especialmente mediante la educación en valores que fomente la igualdad, la tolerancia, la libertad y la solidaridad». Y, por su parte, el artículo 43.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, proclama el deber de los poderes públicos de Andalucía de establecer políticas que promuevan las acciones necesarias para eliminar la discriminación por opción sexual y transexualidad, garantizando la libertad de decisión individual.
La presente Ley conecta y concreta para el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma con la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de diciembre de 2012 sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2010-2011), en cuya Recomendación general 98, lamentando «que en varios Estados miembros todavía se considere que los transexuales son enfermos mentales», «insta a los Estados miembros a que introduzcan o revisen los procedimientos de reconocimiento jurídico de género, de acuerdo con el modelo de Argentina, y revisen las condiciones establecidas para el reconocimiento jurídico de género (incluida la esterilización forzosa)», al tiempo que «pide a la Comisión y a la Organización Mundial de la Salud que supriman
los trastornos de identidad de género de la lista de trastornos mentales y de comportamiento, y que garanticen una reclasificación de dichos trastornos como trastornos no patológicos».
Es inexcusable la observancia de lo dispuesto en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, en la Convención de los Derechos de Niño de 1989, en la Carta Europea de los Derechos del Niño de 1992 y en la Carta Europea de los Niños Hospitalizados de 1986, que otorgan los mismos derechos a todos los menores. Esto incluye el derecho a que les sea reconocida su propia identidad de género dentro del proceso de formación de su personalidad.
El artículo 18.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que «Las personas menores de edad tienen derecho a recibir de los poderes públicos de Andalucía la protección y la atención integral necesarias para el desarrollo de su personalidad y para su bienestar en el ámbito familiar, escolar y social, así como a percibir las prestaciones sociales que establezcan las leyes».
La Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, aprobada por el Parlamento de Andalucía, establece en su artículo 9.1 que «Las Administraciones Públicas andaluzas establecerán las medidas necesarias para facilitar la completa realización personal y la integración social y educativa de todos los menores y en especial de aquellos que por sus especiales circunstancias físicas, psíquicas o sociales puedan ser susceptibles de un trato discriminatorio».
La presente Ley concreta la seguridad jurídica que debe proteger los derechos superiores de los menores para enfrentar vigorosamente el rechazo del entorno educativo, social y familiar. Las medidas incluyen la asistencia de servicios de asesoramiento jurídico y de apoyo psicológico y social, tanto a los menores como a sus familiares, especialmente sus padres o tutores, así como el reconocimiento explícito del derecho de los menores a desarrollar su propia identidad de género, incluso si esta es distinta de la identidad de género asignada al nacer.

Atención al alumnado con NEAE en la LOMCE

En este videodocumental se abordan las novedades que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa(LOMCE), introduce en la comunidad autónoma de Andalucía para el curso 2015-16. El ponente-Juan de Dios Fernández, orientador en Andalucía-aborda la atención al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo(NEAE) en la LOMCE, dentro del XI Congreso de Educación de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado por la Educación Pública(CODAPA) y bajo el lema “Preparándonos para el curso 2015-16”, este colectivo organizó los días 13 y 14 de junio de 2015 en Cabra (Córdoba) un encuentro para analizar las novedades que se podrán en marcha el próximo curso académico.
Esta es la parte una de tres.

Novedades de la LOMCE en Andalucía

En este videodocumental se abordan las novedades que la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa(LOMCE), introduce en la comunidad autónoma de Andalucía para el curso 2015-16. Esta ponencia es impartida por Rafael Mesa sánchez-Inspector de Educación de Andalucía-dentro del XI Congreso de Educación de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado por la Educación Pública(CODAPA) y bajo el lema “Preparándonos para el curso 2015-16”, este colectivo organizó los días 13 y 14 de junio de 2015 en Cabra (Córdoba) un encuentro para analizar las novedades que se podrán en marcha el próximo curso académico.

Instrucciones de 22-06-2015, de la DGPE, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa

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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en el articulo 1 los principios por los que se define el Sistema Educativo Español, siendo el primero de ellos la calidad de la educación para todo el alumnado independientemente de sus circunstancias. Por otro lado, el capitulo 1 de la citada Ley, se dedica al alumnado con Necesidad Especifica de Apoyo Educativo(en adelante, NEAE), estableciendo las bases para su atención educativa y su escolarización.
Por su parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, recoge entre sus objetivos, establecidos en el artículo 5, garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las condiciones que permitan su aprendizaje y ejercicio y la inclusión educativa de todos los colectivos que puedan tener dificultades en el acceso y permanencia en el sistema educativo y dedica el capítulo 1 del Título III al alumnado con NEAE. En el articulo 113 de dicho capítulo se aclara que la atención a este alumnado se realizará de acuerdo con lo recogido en el Título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo; en la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, y en la propia Ley 17/2007.
Remitiéndonos a la citada Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación y a su desarrollo normativo, el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales así como la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización por ser ambas las disposiciones en las que se sustenta la toma de decisiones en relación con la detección, identificación, evaluación, escolarización y respuesta educativa del alumnado con NEAE al que se refiere la normativa vigente en el ámbito estatal y autonómico.
La aplicación de la citada normativa ha permitido que el sistema educativo andaluz cuente con una respuesta adecuada a las NEAE del alumnado proporcionando los recursos y apoyos necesarios para lograr el máximo desarrollo posible de las capacidades de dicho alumnado en el marco de una escuela inclusiva.
Durante el período de vigencia de la normativa a la que se refieren los párrafos anteriores, se ha constatado la necesidad de aclarar y homologar actuaciones en todo el territorio de Andalucía. Todo ello con el único fin de articular un proceso de valoración de este tipo de aslumnado que se oriente hacia la puesta en práctica de las medidas educativas que mejor se ajusten a cada alumno y garantizar una escolarización y dotación de recursos ajustada a las necesidades del alumnado.
Por todo ello, en el marco de la normativa vigente y con el objetivo descrito en los párrafos anteriores, se dictan las siguientes instrucciones.

PMAR

¿Qué significa? ¿De qué estamos hablando?
Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento(en adelante, PMAR) están recogidos en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa(LOMCE), en el Art. Único. Dieciocho; pretenden que el alumnado pueda cursar 4º de Educación Secundaria Obligatoria(en adelante, ESO) por la vía ordinaria y obtener el título en Graduado en Educación Secundaria Obligatoria; se implementarán a partir del curso 2015-16; sustituyen a los Programas de Diversificación Curricular(PDC); se desarrollarán a partir de 2ºESO; se dirigen preferentemente al alumnado que presenta dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo y que:
A.- Hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa y una vez cursado 1ºESO no estén en condiciones de promocionar a 2ºESO. En este caso, el PMAR se desarrolla en los cursos 2º y 3º de ESO.
B.- Hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa y una vez cursado 2ºESO no estén en condiciones de promocionar a 3ºESO. En este caso, el PMAR se desarrolla en el curso de 3º de ESO.
C.- Excepcionalmente, habiendo cursado 3ºESO no estén en condiciones de promocionar a 4ºESO. En este caso, el PMAR se desarrolla en 3º de ESO, repitiendo.
Se puede obtener más información en PMAR

La silla de pensar en educación infantil

Fuente:www.pedagogiablanca.com
Fuente:www.pedagogiablanca.com

¿A qué nos referimos? ¿De qué estamos hablando?
Se trata de un procedimiento que se usa en la escuela cuando un niño realiza alguna acción o conducta inapropiada que altera la convivencia del grupo. Se usa la técnica psicológica de “tiempo fuera”(se trata de apartar unos minutos-que variarán en función de la edad-sin posibilidad de reforzamiento). La aplicación correcta de esta técnica produce una reducción o eliminación de la conducta castigada. Para Fernández Parra(2003) el procedimiento para la aplicación de esta técnica es:
1.Seleccionar la conducta a disminuir: identificando claramente la conducta específica.
2. Medir la conducta a disminuir: registrar la frecuencia con la que se produce antes de iniciar la intervención.
3. Evaluación funcional para identificar qué contingencias de reforzamiento mantienen la conducta a disminuir. Sin esta identificación la intervención no es adecuada.
4. Si la conducta está mantenida por reforzamiento positivo controlar el reforzador y la fuente de reforzamiento.
5. Determinar el intervalo de tiempo fuera.
6. Cuando se produce la conducta a disminuir: a) Impedir la administración de reforzamiento. b)Retirar la fuente de reforzamiento durante el tiempo establecido:
-Sacando al niño del lugar o situación en el que se encuentra la fuente de reforzamiento y trasladándolo a otro lugar: controlado, donde no existan posibilidades alternativas de reforzamiento, que no resulte peligroso, y que no suponga problemas legales o pérdida de derechos.
-Dejando al niño en la situación en la que se encuentra y retirando la fuente de reforzamiento.
7. No reforzar la conducta a disminuir.
8. Completar la intervención con otras técnicas: extinción o reforzamiento diferencial.
9. Informar al niño de lo que se está haciendo (no es necesario pero puede facilitar el efecto).
10. Valorar el efecto de la intervención: suspender la intervención se no se detectan efectos en un plazo prudencial de tiempo
Se pretende con ella, la autorregulación-entendida como la acción y efecto de regularse a sí mismo, según se recoge en la 22ª edición del Diccionario de la Lengua Española-de la conducta infantil.
El objetivo que se busca es el de lograr que los niños comprendan qué comportamiento es el adecuado y ayudarles a corregir el incorrecto para ello hemos de ayudarle a serenarse hasta que pueda pensar con claridad y actuar de forma reflexiva; para lo que el docente ha de guiarle con preguntas y reflexiones y así pueda conocer qué esperamos de él, que cosas son correctas y cuáles no, qué comportamientos son dañinos o cuáles no.

Componentes y correlatos del autoconcepto en la Escala de Piers-Harris

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Esta publicación ha sido realizada por Violeta Cardenal, perteneciente al Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico II (Psicología Diferencial y Psicología del Trabajo) de la Universidad Complutense de Madrid(España) y Alfredo Fierro, componente del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Málaga(España).
Los estudios de los que se informa, realizados ambos con la escala de Piers-Harris(en adelante, PH), proceden en la dirección de una línea investigadora que examina el papel que durante la adolescencia la autoestima desempeña en el desarrollo de la madurez moral y personal (Cardenal, 1999; Fierro, 1990). En esa dirección, el propósito de los estudios ha sido: a) examinar las relaciones de los seis factores de PH con algunas otras variables que previamente sí han sido investigadas con esa misma Escala, como son rendimiento escolar, representación y estima de la propia apariencia corporal y nivel socioeconómico familiar (Estudio 1); y b) con comportamientos o actitudes que apenas han sido objeto de tal examen con PH, aunque sí con indicadores de autoestima obtenidos mediante otros instrumentos: nivel de aspiración y conducta prosocial (Estudio 2).

Papel de la experiencia en la neurología de la expresión facial de las emociones

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Esta publicación ha sido realizada por L. Mestas, componente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México DF; J.M. Arana, perteneciente del Departamento de Psicología de la Universidad de Salamanca(España); Fernando Gordillo León y M.A. Pérez, miembros del Departamento de Psicología de la Universidad Camilo José Cela de Villafranca del Castillo(Madrid, España); y R.M. López, componente del Nonverbal Behavior Analysis Group del Behavior and Law Research Foundation de Madrid(España).
El objetivo de este estudio es discutir qué función desempeña la experiencia en el reconocimiento de la expresión facial de las emociones y analizar los sesgos que las experiencias negativas y positivas podrían tener sobre la percepción emocional.
La conclusión del presente trabajo es que las personas que son capaces de utilizar la expresión facial de las emociones como un canal de comprensión y expresión interaccionarán de manera adecuada con su entorno. Este entorno, a su vez, dará lugar a experiencias que modulan dicha capacidad. Por lo tanto, es un proceso autorregulatorio que puede ser dirigido a través de la implementación de programas de intervención sobre los aspectos emocionales.

EL TDAH. Informe del Consejo Escolar de Navarra

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Esta es una publicación del Consejo Escolar de Navarra(España). Pretende ofrecer una visión global y descriptiva del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (en adelante, TDAH), su evolución y las respuestas que la sociedad navarra en su conjunto está dando al mismo.

Declaración de Cartagena para el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH): rompiendo el estigma

Este documento ha sido realizado por Francisco De la Peña Olvera, perteneciente al Departamento de Fomento a la Investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría RFM, de México D. F.; Juan David Palacio Ortiz, componente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Antioquia, Medellín(Colombia); y Eduardo Barragán Pérez, del Departamento de Neuropediatría del Hospital Infantil de México.
En 2007, un grupo de especialistas en salud mental y neurociencias elaboró la Declaración de México para el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (en adelante, TDAH), en la que se integra la información científica sobre el padecimiento. En 2009, durante el III Consenso Latinoamericano para el TDAH, se elaboró la Declaración de Cartagena de Indias(Colombia) para el TDAH; en ella, se actualiza la información científica y se promueven acciones contra el estigma del TDAH en la sociedad y en las escuelas. Previamente, se elaboró un borrador que fue evaluado por los participantes durante el Consenso y revisado posteriormente por veintiséis especialistas de diez países de la región. En este documento se recogen veintisiete puntos de la declaración sobre los aspectos clínicos, epidemiológicos y terapéuticos basados en la evidencia científica para el TDAH, y se enumeran diferentes aspectos contra el estigma en la sociedad y en las escuelas. La Declaración de Cartagena para el TDAH constituye el segundo llamado que los miembros de la Liga Latinoamericana para el Estudio del TDAH (LILAPETDAH) realizan de forma organizada y multinacional para la difusión de las manifestaciones clínicas y terapéuticas, y para la promoción de estrategias gremiales y sociales orientadas a la disminución del estigma de este padecimiento.