Equipo de Tratamiento Familiar


El Programa de Tratamiento a Familias con Menores se inscribe en el marco del Sistema de Protección a la Infancia que definen, tanto la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor como el posterior desarrollo normativo e institucional que se deriva de la misma.
El Programa de Tratamiento a Familias con Menores se viene desarrollando mediante la suscripción de Convenios con las Corporaciones Locales que permiten definir y financiar el mismo, de conformidad con los artículos 18 y 22 de la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención a la Infancia, donde se establecen las competencias de estas entidades locales para el desarrollo de actuaciones de prevención, información y reinserción social en situaciones de riesgo, así como la obligatoriedad de establecer mecanismos de cooperación entre las administraciones local y la autonómica para el adecuado ejercicio de sus respectivas competencias. En Andalucía, la definición del Programa de Tratamiento asegura su integración funcional y orgánica en el conjunto que configura el Sistema Público de Servicios Sociales.
Pero…¿Qué es un Equipo de Tratamiento Familiar? ¿A qué nos estamos refiriendo?
Es un equipo interdisciplinar(compuesto por psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociofamiliares)que proporciona a las familias un tratamiento específico e integrador que permite la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensan la situación de riesgo que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de los menores.
Se encuentran integrados orgánica y funcionalmente en la estructura de los servicios sociales comunitarios y están coordinados con otras instancias profesionales que son especialmente relevantes para el medio sociofamiliar de los menores, como los Servicios de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, los Servicios Educativos y los dispositivos Sanitarios, y también Policía, Sistema Judicial, etc.
Van dirigidos a familias y/o cuidadores con menores en situación de riesgo.
Se accede a través de la canalización del equipo de profesionales de los Servicios Sociales Municipales o por solicitud de derivación del Servicio de Protección de Menores.
Los objetivos de los Equipos de Tratamiento Familiar son:
1. Mitigar los factores de riesgo, para evitar la separación del menor de su familia.
2. Capacitar a la familia para dar una correcta atención a sus hijos evitando cualquier conducta negligente o maltratante, garantizando la seguridad y la integridad básica de los mismos.
3. Lograr que la familia funcione de manera autónoma y adecuada, y los hijos tengan una atención y cuidados acordes a sus necesidades.
4. Proporcionar a las familias las habilidades y/o recursos técnicos necesarios para superar la situación de crisis que dio lugar a la separación.

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Aprendizaje vicario

Este vídeo es sobre el aprendizaje vicario. Sus autores son estudiantes de la materia de Psicología de la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria(España). En el mismo los observadores son alumnos de la etapas de educación infantil y primaria.

Aprendizaje vicario

¿Qué se entiende por aprendizaje vicario ¿A qué nos estamos refiriendo? Vamos a intentar delimitar conceptualmente de qué hablamos.
Aprendizaje-según el Diccionario de la Lengua Española, en su vigésima segunda edición-es la acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa; vicario, que proviene del latín vicarĭus, significa que tiene las veces, poder y facultades de otra persona o la sustituye. Por tanto, entendemos que es la capacidad para aprender a través de otra otras personas, a partir de la observación. En terapia de la conducta se le llama también modelado y en el paradigma cognitivista se le denomina aprendizaje cognitivo social.
El aprendizaje vicario es un paradigma de aprendizaje desarrollado de manera formal por el psicólogo Albert Bandura(1977), que destaca la posibilidad de aprender conductas siguiendo los modelos vistos en otras personas con las que se identifican, sin necesidad de práctica. En la teoría de Bandura se destaca que hay una combinación de factores sociales (del entorno) y psicológicos que influyen en la conducta.

Guía de buenas prácticas. El profesorado ante la enseñanza de la lectura

https://docs.google.com/file/d/0B6e-roRyz00jUEpmVmpsenNIcEk/edit
Esta es una publicación del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.
A lo largo de los diferente capítulos de la obra se abordan: Lenguaje y desarrollo lector; diferencias entre lenguaje escrito y lenguaje hablado; fases del proceso lectoescritor; procesos del aprendizaje de la lectura en las diferentes etapas; la enseñanza de la lectura en las diferentes etapas educativas(infantil, primaria, secundaria obligatoria y postobligatoria); la enseñanza de la fluidez lectora; la enseñanza de la comprensión lectora; la enseñanza del vocabulario; buenas prácticas; las dificultades específicas para leer; el debate actual sobre la definición de la dislexia; criterios que definen el trastorno de la lectura o dislexia; síntomas y clasificaciones de la dislexia; indicadores de alerta en las distintas etapas educativas; consideraciones sobre los programas de tratamiento de la dislexia; protocolos de detección y valoración de la dislexia; medidas ordinarias y extraordinarias; los tránsitos entre etapas o ciclos; orientaciones para la familia; diez principios básicos para crear buenos lectores en las distintas etapas educativas; algunas actividades y juegos para mejorar en la lectoescritura; leer para comprender; leer para compartir; leer para descubrir; materiales y recursos educativos; páginas web de interés; y referencias bibliográficas.
Es de autoría compartida de profesionales pertenecientes a Asesorías de Necesidades Educativas Especiales, profesores de Universidad, técnicos especialistas en educación primaria y orientadores.

Instrucciones de 21-05-2014 conjuntas de la SGE y de la SGFPEP de la CECD sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de EP y FPB y otras consideraciones generales para el curso 2014/15

https://docs.google.com/file/d/0B6e-roRyz00jY2ZXM1RQbDJhVVU/edit
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en adelante, LOMCE), entró en vigor a los veinte días de su publicación en el BOE, afectando a numerosos aspectos del sistema educativo. Según el calendario de implantación establecido en la disposición final quinta de la Ley, las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos, promoción y evaluaciones de los cursos primero, tercero y quinto de Educación Primaria y el primer curso de los Ciclos de Formación Profesional Básica(en adelante, FPB), se implantarán en el curso escolar 2014/15.
El currículo básico de la Educación Primaria queda establecido en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaría, publicado en el BOE de 1 de marzo. Los aspectos específicos de la FPB quedan regulados por el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se se regulan aspectos específicos de la FPB de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,de Educación (LOE), publicado en el BOE de 5 de marzo.
Aún no se ha desarrollado la disposición adicional trigésima quinta de la LOE sobre “Integración de las competencias en el currículo” en la que se establece que “El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte promovetá, en cooperación con las Comunidades Autónomas, la adecuada descripción de las relaciones entre las competencias y los contenidos y criterios de evaluación de las diferentes enseñanzas a partir de la entrada en vigor de la Ley 0rgánica”. Esta última norma, sin tener carácter básico para el conjunto del Estado español, sí se hace necesaria para que las Administraciones educativas puedan abordar la planificación de las enseñanzas de Educación Primaria, toda vez que la LOE promueve la cooperación entre las distintas Administraciones para su elaboración.
La Comunidad Autnoma de Andalucía tiene competencia en materia educativa para elaborar las normas que desarrollan los citados Reales Decretos y adecuar a la realidad educativa andaluza los diferentes elementos de los niveles educativos que se implantan. Además, tal y como ha sido previsto por la propia LOMCE, los Gobiernos autonómicos han de complementar el currículo estableciendo los contenidos del bloque de asignaturas troncales y configurando la oferta formativa y los contenidos de los bloques de asignaturas especificas y de libre configuración autonómica. De igual forma se hace necesario adecuar la redacción de determinadas normas autonómicas a la obligada implantación de las modificaciones impuestas por la LOMCE.
Debido al escaso margen de tiempo que ha quedado entre la publicación de la legislación estatal-que ha de ser previa a la elaboración y aprobación de la regulación autonómica-y el inicio del próximo curso escolar, resulta imposible que la normativa andaluza pueda estar aprobada y publicada a tiempo, de manera que se informe adecuadamente a las familias y a los centros, y que éstos últimos realicen las adaptaciones de sus Proyectos educativos y establezcan las medidas organizativas y funcionales necesarias, antes del comienzo del próximo curso 2014/15. Todas estas circunstancias pueden crear graves dificultades para el normal desarrollo del funcionamiento de los centros y de la propia Administración Educativa.
Como consecuencia de lo expresado, se genera una situación de transición que afecta a la ordenación de las enseñanzas, además de a otros elementos del sistema educativo hasta la aprobación y publicación de la normativa autonómica. Por ello resulta ineludible tomar decisiones que permitan iniciar el próximo curso escolar con normalidad y seguridad para la comunidad educativa.
Con objeto de facilitar esta transición, la Secretaria General de Educación y la Secretaría General de Formación Profesional y Educación Permanente, en uso de las competencias que les atribuye la normativa vigente, dictan las presentes instrucciones.

Déjà vu

http://www.tendencias21.net/Medicos-britanicos-recrean-vivencias-de-deja-vu-en-laboratorio_a864.html
¿Qué significa esta expresión? ¿De qué estamos hablando? Es la experiencia de sentir que se ha sido testigo o se ha experimentado previamente una situación nueva. Este término fue acuñado por el investigador francés Émile Boirac (1851-1917) en su libro L’Avenir des sciences psychiques (“El futuro de las ciencias psíquicas”), basado en un ensayo que escribió mientras estudiaba en la Universidad de Chicago(Estados Unidos).También se le conoce con el nombre de paramnesia. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua, en su vigésimo segunda edición, se recoge que es una “Alteración de la memoria por la que el sujeto cree recordar situaciones que no han ocurrido o modifica algunas circunstancias de aquellas que se han producido”
El déjà vu es una sensación que casi todo el mundo ha sentido alguna vez.
Tras muchos años intentando buscar una razón que explique el déjà vu, los expertos que estudian el funcionamiento de la mente no han llegado a una conclusión definitiva y unánime. Así para los psicoanálistas es fruto de los sueños diurnos, de las fantasías inconscientes de la persona. No es un hecho que suceda por azar, sino que suele estar relacionado con algo de gran importancia para el sujeto, hemos soñado con una situación y al ocurrir realmente nos resulta conocida; los psicólogos y los neurólogos lo consideran una alteración de la memoria, en el cerebro se activan por error los circuitos neuronales responsables de la sensación del recuerdo. Por eso se “recuerda” algo que realmente no ha pasado; otra opinión menos extendida dice que es una alteración de la percepción; también está considerado como un fallo en la interpretación de los hechos en el tiempo. Una incapacidad de establecer primero una secuencia y luego otra, se debe a un retraso entre lo que estamos viendo y el tiempo que tarda nuestro cerebro en registrar el momento.
Algunos estudios establecen que en la mayoría de los casos se da en personas con una capacidad de atención baja; personas cansadas y con estrés. En situaciones de poca concentración cerebral, el subconsciente capta una experiencia antes que el yo consciente, de manera que para cuando esto último ocurre, la experiencia se encuentra ya en la memoria y el yo consciente la identifica como un recuerdo, pero realmente lleva muy poco tiempo en la memoria.

Phillips 66


Esta técnica de dinámica de grupos intenta lograr la participación de todos los componentes de un grupo, independientemente del tamaño del mismo.
Se trata de en dividir un grupo o reunión social en subgrupos de 6 personas y hacerlos discutir sobre un tema durante un período de tiempo de 6 minutos. Es particularmente útil en grupos grandes de más de 20 personas y tiene como objetivos los siguientes:
-Permitir y promover la participación activa de todos los miembros de un grupo, por grande que éste sea.
-Obtener las opiniones de todos los componentes de un grupo en un tiempo muy breve.
-Llegar a la toma de decisiones, obtener información o puntos de vista de gran número de personas acerca de un problema o cuestión.

Fue creada en 1948 por el estadounidense J. Donald Phillips, al cual debe su nombre.

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía

https://docs.google.com/file/d/0B6e-roRyz00jN3o2WUhiRl9UREE/edit
La Constitución Española, en su artículo 49, establece que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que el Título I otorga a todos los ciudadanos. Asimismo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía en su artículo 10.3.16.º establece como objetivo básico de la Comunidad Autónoma la integración social, económica y laboral de las personas con discapacidad, y para lograr su consecución, el artículo 37.1.5.º recoge, entre los principios rectores de las políticas públicas de los poderes de nuestra Comunidad Autónoma, la autonomía y la integración social y profesional de las personas con discapacidad, de acuerdo con los principios de no discriminación, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades, incluyendo la utilización de lenguajes que les permitan la comunicación y la plena eliminación de las barreras.
De otra parte, la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad en Andalucía, supone un fuerte y renovado impulso a las políticas de equiparación de las personas con discapacidad y establece el marco adecuado para que, desde una perspectiva integradora, se asegure una respuesta uniforme y coordinada de todos los sistemas públicos de protección social a las mismas. La Ley supone un hito en materia de accesibilidad urbanística, arquitectónica, en el transporte y en la comunicación en Andalucía, dedicándose su Título VII a la regulación de esta materia, preceptuándose, en la disposición final primera de la Ley, que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará las disposiciones reguladoras de las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en la comunicación en Andalucía.
Por su parte, el Decreto 72/1992, de 5 de mayo, que establece las normas técnicas para la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en Andalucía, tenía por objeto establecer las normas y criterios básicos destinados a facilitar a las personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad, la accesibilidad a los bienes y servicios de la sociedad, evitando y suprimiendo las barreras y obstáculos físicos o sensoriales que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento.
Por Acuerdo de 2 de diciembre de 2003, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2003-2006. Dentro de las líneas de actuación de este Plan, las políticas de accesibilidad en la edificación, la vivienda, el transporte, el urbanismo y la comunicación ocupan un lugar relevante, contemplándose entre los objetivos y acciones a emprender, la de aprobar las disposiciones reglamentarias que desarrollen el Título VII de la Ley 1/1999, de 31 de marzo.
En el ámbito estatal, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, considera la accesibilidad como uno de los requisitos básicos que han de reunir los edificios, siendo el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el que fija las exigencias de calidad de los edificios y sus instalaciones, de forma que permita el cumplimiento de los citados requisitos básicos.
De otra parte, se ha aprobado la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, en la que convergen dos estrategias de intervención relativamente nuevas, la lucha contra la discriminación y la accesibilidad universal que, junto con la acción positiva, constituyen la trama sobre la que se establecen un conjunto de disposiciones cuyo objetivo es garantizar y reconocer el derecho de las personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social.
Como desarrollo de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, se han aprobado el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, y el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad, con el objetivo de armonizar y unificar términos y parámetros en esta materia en todas las Comunidades Autónomas.
La existencia de un nuevo marco normativo estatal en materia de accesibilidad, de carácter básico, hace necesaria la aprobación de una nueva norma reglamentaria que, de acuerdo con dicho marco, desarrolle las previsiones contenidas sobre el particular en la Ley 1/1999, de 31 de marzo, y en el Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2003-2006.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Obras Públicas y Transportes, del Consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio y de la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.9 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como la disposición final primera de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, oído el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 7 de julio de 2009 se dispone la presente norma.

La autoestima en los niños

El Programa de Televisión para Padres-auspiciado por Asociación Mundial de Educadores Infantiles(AMEI-WAECE), entidad asociativa sin ánimo de lucro constituida como movimiento de renovación pedagógica de la educación infantil y la web http://www.guiainfantil.com-ofrece en internet una serie de vídeos educativos. En éste la psicóloga Elvira Sánchez, aborda el tema de la autoestima de los niños que forma parte de la la colección de Educando en Valores desde la Primera Infancia.
En el videodocumental se facilitan pautas a familias y docentes sobre cómo educar la autoestima en niños y niñas.

Ley 9/1999, de 18 de noviembre de solidaridad en la educación

https://docs.google.com/file/d/0B6e-roRyz00jQmRBeW1NNEk2Z00/edit
La Constitución Española, en el artículo 27, reconoce a todos los españoles el derecho a la educación y, en su artículo 9.2, encomienda a los poderes públicos que promuevan las condiciones y remuevan los obstáculos para que este derecho sea disfrutado en condiciones de igualdad por todos los ciudadanos. Igualmente, en el artículo 49, compromete a los poderes públicos a realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que la Constitución otorga a todos los ciudadanos.
Asimismo, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 12.1 establece que la Comunidad Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; removerá los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitará la participación de todos los andaluces en la vida política, económica, cultural y social.
En el ejercicio de sus competencias, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha impulsado un conjunto de programas dirigidos a la compensación de las situaciones de desventaja derivadas de factores sociales, culturales, geográficos o de pertenencia a minorías étnicas. Tales actuaciones han sido el instrumento solidario que el sistema educativo ha puesto al servicio de la construcción de una sociedad más justa.
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo(LOGSE), ha consolidado las actuaciones compensatorias, atribuyendo a la educación un papel esencial en el desarrollo de los individuos y de la sociedad en la medida en que permite avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad. Por otro lado, la citada Ley ha introducido cambios de tal magnitud y extensión en la organización de las enseñanzas que en sí mismos han de actuar como mecanismos de prevención y de compensación social y educativa, como son la ampliación de la escolaridad obligatoria, la disminución del número de alumnos por aula y las medidas de atención a la diversidad, entre otros.
Por la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, disposición adicional segunda, se define al alumnado con Necesidades Educativas Especiales(en adelante, NEE) como aquel que requiere, en un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta o por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas. En la misma disposición se establece que las Administraciones educativas garantizarán la escolarización del alumnado con NEE en los Centros docentes sostenidos con fondos públicos, manteniendo, en todo caso, una distribución equilibrada, considerando su número y sus especiales circunstancias, de manera que se desarrolle eficazmente la idea integradora.
Con la Ley de Solidaridad en la Educación, la Junta de Andalucía renueva y consolida su compromiso con la igualdad de oportunidades, la universalización del derecho a la educación y la integración social de los sectores de población desfavorecidos, haciéndolo efectivo a través de la promoción de políticas públicas que conduzcan a la consecución del Estado del Bienestar.
Para ello, la presente Ley establece los objetivos que se pretenden alcanzar con la aplicación del principio de la solidaridad en la educación. Estos objetivos van encaminados a mejorar y complementar las condiciones de escolarización del alumnado que presenta NEE, a potenciar la asunción de valores inherentes en la interculturalidad que permitan desarrollar en la comunidad educativa actitudes de respeto y tolerancia hacia los grupos minoritarios. Como medida estratégica se pretende impulsar la coordinación de las distintas Administraciones y la colaboración de instituciones, asociaciones y organizaciones no gubernamentales en el desarrollo de programas y acciones de compensación educativa y social según el espíritu que caracteriza a las organizaciones de acción voluntaria.
Por todo ello, la presente Ley de Solidaridad en la Educación viene a consolidar y reforzar las actuaciones de compensación iniciadas desde hace más de una década y pone en marcha otras nuevas para dar respuesta a las necesidades y situaciones actuales. En este sentido, la presente Ley ha de ser el punto de confluencia de todos los esfuerzos que se lleven a cabo en la Comunidad Autónoma Andaluza en pro del ejercicio de la solidaridad y de la erradicación de situaciones que impidan que todos y cada uno de los andaluces consigan desarrollar el máximo de sus capacidades personales.